Caso ACM

Todos los concejales llamados a declarar como investigados por el caso ACM se niegan

El PA ha pedido que se lleve a cabo una comisión de investigación en el Ayuntamiento

A MALLADO

Los concejales del Ayuntamiento de Alcalá en la época de Gutiérrez Limones que han declarado en los últimos días en calidad de investigados en el caso ACM han adoptado ante el juez la misma postura, se han negado a declarar. Así lo han hecho dos altos cargos de la Junta de Andalucía y antiguos concejales, el director general de Movilidad, Rafael Chacón y la directora de Personas Mayores. También el concejal en activo Salvador Escudero. E igualmente los ediles que ya no están en política: Guillermina Navarro, María José Borge, María Dolores Gutiérrez y Gloria Marín.

Todos han sido llamados a declarar en relación a la i nvestigación de la empresa municipal ACM, donde el juez investiga el presunto uso de fondos públicos para gastos particulares de concejales del gobierno socialista de Alcalá, así como posibles irregularidades en su gestión y desvío de dinero público. La llamada a declarar de estos ediles se produce a raíz de que un informe del equipo de la Guardia Civil que investiga el caso determine que t odos ellos en su calidad de miembros de la Junta de Gobierno local podrían presuntamente haber tomado decisiones o bien omitir medidas que hicieron imposible un control económico efectivo de ACM.

 

El Partido Andalucista de Alcalá ha lamentado la postura de los concejales de  le época de de Limones de no declarar. Acusan al PSOE local de «incoherencia» ya que «tras años anunciando que colaborarían con la Justicia cuando llegase el momento, cuando han tenido que responder a las preguntas del juez han optado por no declarar ; queda clara, por tanto, que la intención de colaborar nunca ha sido una realidad sino un mero mensaje propagandístico para salir del paso». A juicio del PA, esta actitud «deja clara la verdadera postura del PSOE sobre ACM: callar y mirar para otro lado». Por ello han vuelto a pedir al gobierno local que ponga en marcha una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en este caso.

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