Tribunales
Un nuevo contratiempo retrasa la fecha del juicio por la muerte accidental de una familia de Alcalá
Un matrimonio y una de sus hijas fallecieron en 2013 al inhalar una sustancia tóxica derivada de unos tapones que almacenaban en casa
El juzgado de lo Penal 4 que debe juzgar la fatal intoxicación que mató a tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra, en diciembre de 2013, ha devuelto al juzgado de Instrucción la causa por un error formal . No se le ha dado traslado a la compañía aseguradora, procesada como responsable civil, para que presente su escrito de defensa. Este contratiempo provoca que no se pueda fijar aún fecha de juicio a pesar de que el caso va camino de cumplir cinco años .
La Fiscalía acusa a la encargada de gestionar las salidas de residuos de la empresa Alansu SL, al mozo de almacén de la empresa, y al administrador de Reciclados Nivel. Según el relato de los hechos del Ministerio Público, Alansu, autorizada para la gestión de residuos peligrosos, recogió de otra compañía 231 kilos de envases contaminados, 82 de ellos de plástico, y en diciembre de ese año los vendió a Reciclados Nivel, que no tenía permiso para tratarlos.
La salida de la mercancía se hizo sin que quedara constancia de ello y sabiendo los tres acusados que su tratamiento inadecuado suponía un «riesgo para la salud de las personas».
El mozo acusado entregó los tapones de los envases , al considerar que carecían de valor, al hombre fallecido, que era un cliente habitual porque les vendía chatarra.
El juzgado de lo Penal ha devuelto el asunto al juzgado de Instrucción al detectar que no se le había dado traslado a la compañía aseguradora para que presentara su escrito de defensa
Los 993 tapones los dejó el finado en un saco en la bañera de su casa, que no era usada por la familia y donde el hombre depositaba los efectos que luego vendía. Allí una hija puso un barreño con agua y lejía para decolorar una zapatilla. La humedad ambiental y el posible lavado de algunos tapones realizada el 13 de diciembre de 2013 desencadenó una «potente reacción química» y liberó fosfuro de hidrógeno (fosfina).
Esto provocó la muerte del matrimonio, Enrique Caño Sánchez y Concepción Bautista Rosa, y una hija, Tamara, mientras que la otra, de 13 años, se recuperó tras estar hospitalizada.
Fiscalía solicita para los tres acusados cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambient e en concurso ideal con tres delitos de homicidio imprud ente. Asimismo, el Ministerio Público pide que, en concepto de responsabilidad civil, abonen de forma solidaria un total de 720.000 euros a la menor que sobrevivió y otros 100.000 euros a repartir entre los cinco hijos que el fallecido tuvo de otras dos relaciones.
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