TRIBUNALES
Un juez remite al Supremo la causa contra el exalcalde Gutiérrez Limones
Por supuesto desvío de fondos públicos en la empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM)
Un juez de Alcalá de Guadaíra ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada para que asuma el caso, por supuesta prevaricación y malversación , del diputado socialista y exalcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones, ya que ve clara la existencia de i ndicios de criminalidad .
En la exposición razonada sobre supuesto desvío de fondos públicos en la empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM), a la que ha tenido acceso Efe, el juez entiende que queda clara la existencia no de actuaciones aisladas de distracción de dinero público o de irregularidades contables, sino de indicios de una estructura «cerrada y coordinada» dentro de los estamentos de la entidad.
Añade que hay indicios de que «mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público».
El juez señala que Gutiérrez Limones era «conocedor directo» de estos supuestos actos de malversación y que no adoptó medidas a las que estaba obligado «legal y estatutariamente« para evitar «el saqueo» de la entidad pública.
Ha detallado que los investigadores de la Guardia Civil señalan la existencia de dinero en efectivo de las cuentas corrientes de la entidad pública, con un número muy alto de cheques al portador, lo que «no cuadra» con una finalidad de abonar las facturas de proveedores , ya que no se expedían a sus nombres.
En concreto, cita un caso que afecta directamente al diputado socialista, ya que hay una facturación con una agencia de viajes con conceptos incluidos en las facturas «que no tendrían nada que ver con el cometido» de la empresa, ya que disfrutaron de los servicios pagados con dinero público Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos .
El juez manifiesta que la constitución y desarrollo de ACM hace pensar en una intención originaria «de instrumentalizar la entidad » para realizar las actuaciones ahora investigadas, conclusión a la que llega por la ampliación «totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada» de su objeto social.
La causa tuvo su origen en la grabación que se realizó de una reunión de 2011 en la que el contable de la empresa reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabado, la realización, en el seno de la entidad, «de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes».
En concreto, se aludía a gastos en comidas de los responsables de ACM , entradas a teatros, regalos, relojes o cámaras de fotos, además de suplantación de la firma de la entonces presidenta, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias y expedición de cheques por personas no autorizadas.
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