El juez inicia los trámites para enviar al Supremo su investigación sobre el alcalde y diputado Limones

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra ha solicitado a las Cortes Generales que le acrediten si Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) es actualmente diputado nacional, y por lo tanto, por su condición de aforado, tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo .

El juez realiza esta consulta al apreciar en el también alcalde de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra indicios de criminalidad expuestos en el atestado presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil el pasado 18 de noviembre que señala presuntas irregularidades en la gestión de la sociedad pública Alcalá Comunicación Municipal ( caso ACM ).

Una vez que el Juzgado recibiera el acta de diputado de Gutiérrez Limones, el juez enviaría una exposición al Tribunal Supremo sobre los hechos que, a juicio del magistrado, debe conocer la Sala de lo Penal sobre la presunta actuación delictiva de este aforado.

En su providencia, el juez Javier Francisco Alba decide tal extremo «visto el estado de las presentes actuaciones y en especial el atestado presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil con fecha 18 de noviembre de 2013», ordenando « librar oficio a las Cortes Generales , a fin de que a la mayor brevedad posible remitan testimonio del acta de diputado de Antonio Gutiérres Limones».

El juez, en paralelo, acuerda dar traslado a las partes de este extremo, siempre «teniendo en cuenta la condición de aforado del mismo y la existencia de indicios de criminalidad expuestos en el atestado».

Recordemos que un reciente atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre este asunto sostenía que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social «enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como su propio nombre indicaba», el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde «de forma indeterminada», toda vez que la jurisprudencia de los tribunales «es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado , porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad».