Dos altos cargos de la Junta, imputados por corrupción por su gestión en Alcalá de Guadaíra

El magistrado del juzgado número 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que investiga el caso de la empresa pública ACM, ha citado a declarar en calidad de investigados , la nueva denominación jurídica de los imputados, a un concejal en activo del gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra, Salvador Escudero y a otras seis personas que han pertenecido al ejecutivo local en anteriores mandatos, con Gutiérrez Limones como alcalde. Entre ellos hay dos personas que actualmente son altos cargos en la Junta de Andalucía; el director general de Movilidad, Rafael Chacón y la directora general de personas mayores y pensiones, Miriam  Burgos .

El auto del juez apunta a la cúpula del gobierno socialista en mandatos anteriores y a su junta de gobierno, donde se aprobaron las cuentas de la empresa pública ACM y los traspasos de fondos municipales a la misma que ahora son objeto de investigación. La investigación de la Guardia Civil apunta al presunto uso de la esta entidad para el desvío de fondos públicos con los que pagar gastos particulares, entre ellos algunos, supuestamente, realizados por el exalcalde.

El juez cita para que declaren como investigados el 1 de marzo a la número dos de Limones, y teniente de alcalde del Ayuntamiento hasta la marcha del alcalde, Miriam Burgos , que dejó su acta de concejal para ocupar un alto cargo  en la Junta. Ese mismo día ha llamado a la exedil socialista Gloria Marín y al actual teniente de alcalde del Gobierno local, Salvador Escudero.

El 2 de marzo acudirán al juzgado las exconcejales Guillermina Navarro, alcaldesa de la ciudad antes de la era Limones y presidenta de honor del partido; María José Borge y María Dolores Gutiérrez. Para el 3 de marzo ha llamado también en calidad de investigados al secretario general del PSOE de Alcalá de Guadaíra y alto cargo de la Junta, Rafael Chacón. También ese día deberá declarar un antiguo proveedor de ACM, Jesús Salvador Jurado .

El caso de la empresa municipal ACM arranca a raíz de unas grabaciones en las que se escucha al contable de la empresa desgranar una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la entidad pública. Esto dio origen a una investigación de la Guardia Civil en la que concluyen que ACM se uso supuestamente para desviar dinero público. Los agentes indican en su informe, tras recabar diversos testimonios, que se llegó a obligar a proveedores a la devolución de algunas de las cantidades que cobraban a los directivos de la entidad. Tanto es así que la Guardia Civil habla en su informe de prácticas «mafiosas».

Si anteriormente el juez había llamado a declarar en calidad de investigados a la dirección de la empresa, el caso cobra ahora dimensión política al salpicar a buena parte de los gobiernos de Limones y también a la dirección del partido en Alcalá.

Ya en mayo de 2016, el juez instructor dictó un auto en el que acordaba dar conocimiento de la causa a Gutiérrez Limones «para que se persone si así lo desea a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los frente a los hechos que se le imputan, otorgándole la posibilidad de constituirse como parte y tome conocimiento de la misma». Entonces Gutiérrez Limones era aún alcalde y coincidiendo con dicho auto dimitió, si bien argumentó que lo hacía por la incompatibilidad de la alcaldía con su condición de diputado socialista, puesto que sigue ocupando en el Congreso.