Errores en la gestión de los planes de empleo pueden costar 4 millones de euros al Ayuntamiento
Los trabajadores demandan y ganan por cobrar menos de lo que establece el convenio local
Los planes de empleo que concede la Junta de Andalucía a los municipios para realizar contrataciones a personas en riego de exclusión se han convertido en un problema económico para el Ayuntamiento de Alcalá. La gestión de los mismos por parte del gobierno municipal y la falta de aplicación del convenio colectivo en el caso de los contratados pueden llegar a costar 4 millones de euros a las arcas municipales.
Los programas Emple@Joven y Emple@30+ iniciados en 2014 han permitido la contratación de 500 personas en Alcalá con dificultades para acceder al mercado laboral . La cuantía de las retribuciones viene fijada por la Administración Autonómica y difieren de las que figuran en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento. Un convenio que, por otro lado, lleva sin renovarse desde 2005 por diferencias con los sindicatos, y que no establece excepciones para este tipo de contrataciones.
Esta circunstancia ha hecho que los beneficiarios de dichos programas hayan iniciado una cascada de denuncias ante los tribunales en las que reclaman la diferencia salarial existente el convenio de Alcalá y la retribución que ha recibido y que se corresponde con la establecida en las bases de la subvención de los planes de empleo. Además se da la circunstancia de que en el caso de Alcalá se ha producido contrataciones de personal con cualificación alta y cuya retribución según el convenio está muy por encima de lo establecido por los planes de la Junta.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio primero la razón al Ayuntamiento, pero luego en 2018 cambió de criterio, y los trabajadores ganan la mayoría de las demandas en primera instancia. La estrategia del Ayuntamiento es recurrir estas sentencias ante el TSJA y el Tribunal Supremo, que en la mayoría de los casos dan la razón a los trabajadores lo que eleva los gastos con intereses, costas judiciales y honorarios del letrado impugnante. Según el PP, el perjuicio puede alcanzar en conjunto los 4 millones de euros para la administración local.
Por ello e l PP ha pedido que se paralicen los recursos en procedimiento, que se elabore un informe económico sobre las sentencias ya dictadas, que se establezca un calendario de pago de acuerdo con las disponibilidades económicas y que se inicie el pago de las sentencias ya estimadas por los Juzgados de lo Social, sin plantear más recursos para no seguir engordando la factura. Además reclaman que se depuren responsabilidades políticas y piden la dimisión del delegado de Recursos Humanos, Antonio Gómez Menacho.
Sea como sea, el problema seguirá en el futuro . El Ayuntamiento tiene c oncedido otro plan de empleo por valor de 4 millones de euros que permitirá realizar 489 contratos . Pero ante la situación generada no sabe cómo actuar. Espera que el Tribunal Supremo unifique su doctrina en esta materia cuando falle los recursos interpuestos por los trabajadores que perdieron frente al Ayuntamiento. Pero eso tardará. Por ello plantean a la Mesa General de Negociación pedir a la Junta que modifique la normativa de los planes de empleo y permita contratos a tiempo parcial. De esta forma, el Ayuntamiento pagaría a los beneficiarios de los planes según su convenio, pero reduciendo el número de horas de trabajo para cuadrar su nómina con la subvención concedida.
Además, el ejecutivo alcalareño plantea que si el Tribunal Supremo determina que los beneficiarios de los planes de empleo tienen que estar retribuidos según el convenio y no mediante un régimen especial, el Ayuntamiento estudiará iniciar un expediente administrativo de responsabilidad patrimonia l por daño causado a la Hacienda Pública Local como consecuencia de la regulación de este programa de subvenciones.
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