Denuncian la falta de 800.000 euros en las cuentas de una empresa pública de Alcalá

Un informe de la Intervención municipal ha detectado la falta de casi 800.000 euros en las cuentas de la empresa pública Innovar en Alcalá . Esta cantidad debería figurar como saldo de tesorería en la entidad correspondiente a las cantidades recibidas por parte del Ministerio de Innovación para el desarrollo de un proyecto concreto denominado Alcalá+i y que tiene como finalidad favorecer la innovación en las empresas de la localidad.

El informe del interventor hace cuentas y no le salen. El Ministerio anticipó dos millones de euros y el Ayuntamiento tenía que aportar, en virtud del convenio firmado, 731.000 euros, por lo que disponía de 2.731.000 euros. El gasto total pagado por la sociedad Innovar en Alcalá imputables al proyecto asciende a un total de 1.935.668 euros. El saldo en la cuenta debería ser de 795.331 euros. Pero en la cuenta asociada al proyecto hay un saldo negativo de -60,90 euros.

Además el informe detecta «determinadas anomalías» en la gestión de estos fondos . En este sentido cita  su uso para la realización de transferencias a otras cuentas de la sociedad, su utilización para la contratación de imposición de plazo fijo, pagos ajenos al proyecto o incumplimientos de la normativa contractual. Todo ello, advierte el interventor «podría originar una pérdida del derecho a recibir el pago de la subvención y la consiguiente obligación del reintegro de los fondos». Pero además existen proveedores y empresas contratadas para el desarrollo de acciones del proyecto, que no han cobrado aún por ello, aunque en la cuenta no están los fondos previstos para pagarles. Es el caso de empresas de diversos sectores que van desde la construcción hasta los relacionados con elementos informáticos.

El PP de Alcalá ha llevado al juzgado estos hechos y considera que puede existir «malversación» de estas aportaciones que tienen su origen en los fondos FEDER. Sus últimas noticias son que el juez ha emprendido diligencias sobre el asunto.

El informe de la Intervención se produce a raíz de la intención del Gobierno local de modificar el presupuesto municipal para poder transferir 913.980 euros desde las arcas municipales a la empresa Innovar en Alcalá para paliar su situación financiera, que es tan deficitaria que no paga desde hace tres meses a sus empleados, además de mantener importantes deudas con proveedores. Para el PP se trata de un nuevo intento de hacer llegar fondos a esta empresa. Ya anteriormente la denuncia de los populares frenó una transferencia de 1,5 millones de euros y hace poco aparecieron facturas por las que la sociedad municipal reclamaba el Ayuntamiento el pago por el uso de un edificio de su propiedad. La necesidad de fondos parece hacerse inminente y corresponder con la advertencia del Interventor sobre la posibilidad de que tener que devolver los dos millones de euros aportados por el Ministerio para el proyecto Alcalá+i.

Pero las irregularidades vinculadas a este proyecto no son las únicas que detecta el interventor en la gestión de Innovar en Alcalá . Las cuentas de los ejercicios de 2013 y 2014 no han sido aprobadas, ni presentadas en el Registro Mercantil. Esto supone que la empresa no puede registrar ningún documento en el Registro. No puede por ejemplo oficializar los nombramientos del nuevo consejo de administración que emana de la nueva situación municipal tras las elecciones.

El informe de Intervención indica también que el Registro Mercantil nombró a un un auditor para verificar la contabilidad de la empresa . No ha podido hacerlo, ya que los responsables de la empresa pública no le han facilitado la información necesaria. 

Pero además aprecia la existencia de la consignación en las cuentas de un ingreso de 657.387 euros en concepto de subvención de explotación incorporada al resultado del ejercicio. Pero esta subvención afirma el Interventor no ha sido aprobada por el Ayuntamiento ni en 2013 ni hasta la fecha . El mismo informe llama la atención de manera especial sobre este apunte en las cuentas y su significado, ya que de no haberse realizado el resultado de las cuentas de 2013 hubiera tenido unas pérdidas de 763.929 euros, una cifra que es superior a la mitad del capital social. Esto hubiera obligado, según la Ley de Régimen Local, a la disolución de sociedad. Para el PP esta acción se trata de una «manipulación» de las cuentas para «burlar la disolución de la empresa a la que estaba abocada».