La cementera de Alcalá denuncia que el Ayuntamiento bloquea su proyecto de viabilidad

La cementera de Alcalá considera que la reciente modificación aprobada por el Pleno municipal para cambiar el PGOU tiene en la práctica como consecuencia la paralización de su proyecto de valoración energética de residuos con el que querían mejorar la competitividad de sus instalaciones y garantizar su futuro. La empresa ha mostrado su intención de recurrir legalmente la decisión.

 La paralización de esta iniciativa supone dejar en el aire una inversión de dos millones de euros , para la construcción de la planta de valorización en sus actuales instalaciones y crea un riesgo para el mantenimiento del empleo en la fábrica en la que trabajan 200 personas, ya que según la empresa al no poder desarrollar esta iniciativa perderá en competitividad con otras cementeras que ya la han implantado.

En los últimos meses se ha desarrollado en Alcalá una campaña por parte de colectivos ecologistas para impedir este proyecto . Alegan que produciría emisiones perjudiciales para la salud. El gobierno local se ha plegado a los intereses de los ecologistas y ha planteado una iniciativa de modificación del PGOU que parece diseñada exprofeso para impedir el proyecto de la cementera.

Desde la empresa desarrollan argumentos legales y ambientales para defender su proyecto. Según explican, se trata de aprovechar el valor calórico obtenido de residuos no peligrosos como combustible alternativo al ya empleado en la producción del cemento . Indican que serían residuos procedentes de gestora «que responden a las máximas garantías y controles y que suponen un ahorro en el consumo de combustibles fósiles, como las que ya existen en Alcalá». Incluso citan que el uso de estos residuos ayudaría a reducir las emisiones de CO2. 

En el terreno legal, la cementera indica que tienen autorización desde septiembre de 2014 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, administración competente en la materia, para desarrollar el proyecto y lamenta que la modificación del PGOU se haya realizado sin que la nueva alcaldesa y su equipo de gobierno se hayan reunido con la dirección de la fábrica, como le habían solicitado, para explicarles el proyecto. Por ello la empresa indica que sus servicios jurídicos estudian ya las opciones legales con las que recurrir esta decisión.