El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pedirá a los bancos que le cedan viviendas vacías para acogimiento

El gobierno municipal de Alcalá quiere que los bancos pongan a disposición del Ayuntamiento las viviendas que tienen desocupadas para gestionar la cesión de las mismas a personas con problemas habitacionales . Además ha anunciado la elaboración de un censo de las viviendas vacías en la ciudad, la creación de una oficina de vivienda y la suscripción de un convenio con el colegio de abogados para mejorar la atención en casos de desahucios.

El ejecutivo de Ana Isabel Jiménez, ha planteado una serie de medidas para solventar el problema de acceso a la vivienda que sufren muchas personas en la ciudad. Mira para ellos a los bancos y a las viviendas que tienen vacías como solución. Plantean reclamárselas pero para ello quieren tener el respaldo del Pleno, ya que el PSOE no tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Por ello, el grupo municipal socialista planteará una moción en este sentido en la próxima sesión, en la que esperan contar con el apoyo del resto de grupos para poner en marcha esta medida.

La intención municipal es elaborar una bolsa de viviendas vacías que procedan de los bancos. Lo primero será saber cuántas existen y luego negociar la cesión de parte de ellas. En paralelo se articulará el registro municipal de demandantes de vivienda protegida . Los servicios sociales de la localidad se encargarán de evaluar a las familias en riesgo de exclusión social y de determinar las que pueden acceder a una de estas viviendas. El proceso se realizará, según indican con criterios de igualdad «medibles y evaluables, con baremos establecidos y regulados». Todo ello en coordinación con otros departamentos municipales y con la Junta de Andalucía.

En estas viviendas se realizarían alojamientos transitorios por periodo de un año , haciendo a los inquilinos responsables del mantenimiento de la vivienda y los servicios útiles corrientes. Las condiciones se evaluarán para prorrogar o no la situación durante otro año. A los bancos también reclamarán el cumplimiento del código de buenas prácticas en los casos de desahucios o de problemas relacionados con el impago de la vivienda habitual.

Por su parte el Ayuntamiento creará una oficina de vivienda con más capacidad de actuación que la actual delegación municipal de vivienda y buscará la colaboración de los abogados de la localidad para asegurar un mejor asesoramiento legal en los casos de familias que se encuentren inmersas en un proceso de desahucios. El Ayuntamiento estudiará también los procedimientos técnicos y administrativos para poder ejercitar los derechos de tanteo y retracto que legalmente le corresponden en asuntos relacionados por ejemplo con la venta de vivienda de los «fondos buitre» o los fondos para el alquiler social en caso de lanzamientos.

El Ayuntamiento hace una declaración de intenciones y afirma que no será neutral en «la lucha por la vivienda digna» y anuncia que actuará contra cualquier desahucio de vivienda habitual si no hay prevista por la entidad financiera ejecutante una alternativa habitacional.