Archivado el caso ACM contra seis ediles del PSOE de Alcalá de Guadaíra

Los seis concejales socialistas del gobierno municipal de Alcalá de Guadaíra durante la etapa como alcalde de Antonio Gutiérrez Limones que estaban implicados en el caso ACM (Alcalá Comunicación Municipal) han sido excluidos de la causa en la que se les imputaban posibles delitos de prevaricación y malversación por usar fondos de esta empresa municipal para fines distintos a los permitidos. El juez de instrucción número 2 de Alcalá ha decretado el archivo provisional de la causa para los exediles Miriam Burgos, Guillermina Navarro, María José Borge, María Dolores Gutiérrez, Rafael Chacón y Salvador Escudero.

Esta resolución se basa en el fallo del Tribunal Supremo acerca de la responsabilidad de Gutiérrez Limones en este asunto, que absolvió de la acusación de prevaricación omisiva por no atender las instrucciones del interventor municipal sobre la contabilidad de ACM. En función de esta decisión del TS, el instructor ha determinado ahora que «todas aquellas omisiones que motivaron las imputaciones de los investigados por sus actuaciones dentro de los órganos de gobierno logalo de la junta general deberán ser sobreseídas a la vista de que si no existe responsabilidad por parte del máximo responsable de dichos órganos, tampoco podrán ser exigidas frente a los que tenían menor poder de decisión que él».

Este asunto tiene su origen en una grabación realizada en junio de 2011 de una reunión celebrada entre el contable de ACM y los concejales José Carlos del Pino, Laura Ballesteros, José Manuel Rodríguez y Ana Isabel Jiménez, actual alcaldesa. En esa cita el contable admitió la comisión de «graves irregularidades», sobre todo relativas a gastos en comidas y viajes personales. El auto de archivo recuerda que «ACM S.A. era una empresa municipal que recibió desde el año 2003 hasta el año 2013 financiación por importe de 13.668.300,50 euros» y que «en la reunión mencionada el contable de la empresa pública reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización, en el seno de la entidad, de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes». En concreto, prosigue el auto, «se aludía a gastos en comidas de los responsables de ACM (más de 15.000 euros en el restaurante Rincón de Bernardo entre 2008 y 2011), entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos..., suplantación de la firma de la entonces presidenta Doña Guillermina Navarro Peco, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias, expedición de cheques por personas no autorizadas...». Todos los puntos expuestos en dicha reunión fueron objeto de investigación por parte del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, qu pudo «corroborar la realidad de lo manifestado por el contable y se amplió la investigación a numerosas irregularidades no tratadas en la misma, hechos que con las diligencias practicadas se han ido ratificando indiciariamente».

Una de las principales cuestiones investigadas es la existencia de una «actuación totalmente irregular en el trato con proveedores y clientes tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados, incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado por el servicio prestado para después devolverle en metálico a los gestores de ACM S.A. parte del dinero, no pagar servicios prestados, facturar a ACM servicios que correspondían a otras instancias ya fueran particulares o partidistas, contratar a dos proveedores para una misma función, compensar significativos gastos en restaurantes con una publicidad prestada, utilizar el negocio familiar del coordinador de la empresa municipal para expedir facturas a ACM S.A, vulneraciones reiteradas de la legislación de la contratación pública...».

Como consecuencia de todo ello la investigación penal sigue adelante contra otros responsables de la empresa muncipal, pero el juez ha acordado archivar la causa que se seguía contra seis concejales aludiendo al auto dictado en fecha 10 de abril de 2018 por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Entretanto, «sigue el curso de las presentes actuaciones en relación al resto de investigados debiendo recabarse la documentación solicitada por el perito judicial y una vez obtenida la misma, deberá ser remitida al perito judicial a los efectos de poder terminar el informe»,