La ACREA recurrirá contra la modificación puntual del PGOU de Cádiz

La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA) es un organismo público independiente que tiene como fines generales promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

El eventual ejercicio de acciones judiciales en la vía contencioso-administrativa por parte de esta ACREA contra el Ayuntamiento de Cádiz por la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz (en adelante PGOU) por establecer obstáculos a la competencia efectiva, se basa en que con la referida modificación se constituyen nuevos requisitos adicionales y limitaciones que instauran importantes barreras de entradas para los establecimientos de alojamiento turístico, lo que conlleva un cierre de mercado, al impedir u obstaculizar el acceso de nuevos operadores al mismo.

Cabe señalar que el citado Ayuntamiento informa que la modificación del PGOU se encuentra motivada «para evitar la excesiva turistificación en la ciudad». A este respecto, la turistificación, no es una razón de interés general por sí misma, de la misma forma que no lo es, por ejemplo, la industrialización, teniendo estas actividades efectos positivos, como son por ejemplo el empleo y el crecimiento económico, y negativos, como por ejemplo la contaminación. De este modo, la regulación pública debe potenciar los efectos positivos de la industrialización y adoptar las medidas necesarias para limitar su externalidades negativas, no llegando a prohibir o cerrar estas actividades económicas en cualquier caso.

En este sentido, si la turistificación se desarrollara con aspectos problemáticos o disfuncionalidades, como por ejemplo impactos en el medioambiente o de convivencia, se podrían establecer de forma necesaria, proporcionada y no discriminatoria actuaciones y requisitos que tuvieran por objeto limitar tales externalidades negativas al objeto de minimizar sus efectos perjudiciales y reforzar los positivos, de manera que se regulara la actividad sin establecer un cierre de mercado.