Justicia
Abogados denuncian en Cádiz las pensiones «irrisorias» de la Mutualidad que les impide jubilarse
Los letrados denuncian que les quedarán pensiones de 350 a 400 euros y denuncian que este antiguo sistema «no se sostiene ni tiene sentido»
El Movimiento #J2 se ha querido hacer este martes presente en Cádiz. Este colectivo, formado por abogados, denuncia y da visibilidad a un «grave problema social que debe ser abordado de inmediato, al no poder seguir manteniéndose por más tiempo oculto», aseguran. Según denuncian, «los abogados que están en la Mutualidad de la Abogacía no se pueden jubilar, porque les quedan pensiones irrisorias, casi en el límite de una no contributiva», afirman.
La Mutualidad de la Abogacía es un sistema de cotización alternativo al Régimen de Autónomos (RETA), creado y potenciado por los colegios profesionales. «Proviene de tiempos preconstitucionales que, en la actualidad, no tiene ni sentido, ni viabilidad, porque no cumple el fin para el que fue creado: asegurar unas pensiones dignas a los abogados y una coberturas socio-laborales acordes a los tiempos actuales», explica el colectivo en un comunicado.
Para estos letrados, las mutualidades alternativas al régimen de autónomos son «una reminiscencia del pasado que ya no se sostiene más, porque en la sociedad actual se han normalizado unas prestaciones sociales públicas, que la mutualidad no puede ya prestar de una forma competitiva».
Como insisten desde el Movimiento, «el problema no es sólo para los abogados, sino también para el resto de mutualidades alternativas, siendo por ello que ya se están extendiendo las reivindicaciones a otros colectivos, como los procuradores, por cuanto el problema es común para todas ellos y debe ser abordado de una manera global».
En el caso de los abogados -indican-, desde la Mutualidad de la Abogacía, con la colaboración de sus colegios profesionales, «siempre prometieron que pagando más o menos lo mismo que en RETA quedarían pensiones similares a las del sistema público. La realidad es muy distinta: pensiones de 300 ó 400 euros y, estimaciones para dentro de 20 años de 600 euros, que, además, no se actualizan. Por lo que hablamos de recibir una renta vitalicia dentro de 20, 30 o 40 años de 600 euros, cuando actualmente el mínimo del RETA, en 12 pagas, es de unos 920 euros y se va actualizando según IPC todos los años».
«Los abogados no se pueden jubilar»
Ante esta circunstancia, lo que lamentan es que «en la práctica al final los abogados directamente no se pueden jubilar, tienen que seguir trabajando, hasta que, ya ven que no les quedan muchos años de vida y entonces comienzan a solicitar la entrega de sus fondos acumulados. No es raro por ello ver abogados trabajando hasta los 80 años, sin que tampoco lo puedan denunciar, porque tienen que mostrarse activos y operativos», afirman.
A lo anterior hay que sumar, según exponen, una falta de coberturas elementales, como que, en caso de enfermedad, sólo reciben una muy pequeña asignación durante un máximo de un año, o que por ejemplo las bajas por enfermedad mental sólo se cubren durante un total dos meses para toda la vida, por lo que, consumidos esos tiempos, «se quedan sin cobertura alguna y totalmente desprotegidos».
Desde el Movimiento #J2 recuerdan que esta problemática parte de una discriminación histórica. «Hasta el año 1995 los abogados sufrimos una discriminación en relación al resto de la población: no podíamos elegir como sistema de jubilación, el público, lo que habitualmente se conoce como régimen de autónomos o RETA; se nos obligaba, como única opción posible, a adherirnos a un sistema privado, la mutualidad de la Abogacía. En los años posteriores se abrió la posibilidad de optar por uno u otro sistema, pero no puede obviarse que, desde las estructuras institucionales de la Abogacía, que no dejan de ser entes públicos, se potenciaba y recomendaba, en ocasiones apelando a la solidaridad con los compañeros que ya estaban integrados en la mutualidad (a día de hoy se sigue haciendo), la permanencia dentro de esta mutualidad y su elección para los nuevos colegiados».
Para los abogados afectados este asunto es «un problema social», que parte de la discriminación expuesta, de las variaciones legales referidas y de una falta de supervisión por parte del Estado que lo ha permitido «mirando para otro lado. No debe seguir siendo obviado, ni ocultado, ni parcheado, sino que por el contrario debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente, para encontrarle soluciones».
Por ello han iniciado un calendario de movilizaciones y el próximo 17 de junio tienen previsto manifestarse en Madrid donde se celebrará una asamblea general de la mutualidad de la abogacía.
