Política
Abogados de Cádiz cuestionan a Montero por sus declaraciones sobre el caso de Dani Alves: «Se debe rechazar el sensacionalismo»
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda calificó como una «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso del ex futbolista
Todas las asociaciones de jueces y fiscales arremeten contra la vicepresidenta Montero por despreciar la presunción de inocencia
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó como «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso del ex futbolista Dani Alves. En mitin del PSOE en Andalucía, Montero expresó lo siguiente: «Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos».
Las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno no han sentado bien en el seno del Poder Judicial español. Las asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado de forma unánime a las declaraciones de Montero. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en España lanzaron un comunicado conjunto en el que quisieron recordar que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y que cualquier resolución judicial se adopta tras un «análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente».
«Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial», destacaron en su comunicado.
«Se debe rechazar el sensacionalismo»
Ante las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero y las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales de España, LA VOZ DE CÁDIZ ha contactado con varios abogados de la provincia para recabar su opinión.
Sara Prieto, perteneciente al despacho Tridium Abogados, sostiene que «hay que respetar la libertad de expresión», por lo que «es posible analizar, opinar o criticar las decisiones judiciales», pero «se debe rechazar el sensacionalismo».
«La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas ocasiones, que la declaración de la persona denunciante, aunque sea por supuesto relevante, debe de estar corroborada por otros elementos probatorios para que resulte suficiente a efectos condenatorios, enfatizando en la necesidad de pruebas adicionales que respalden la acusación efectuada y permitan fundamentar una condena con las debidas garantías, por lo que en un proceso penal hay que tener en cuenta el acervo probatorio en su conjunto», por lo tanto «ante la existencia de dudas razonables y fundadas de los hechos y la participación de la persona investigada en los mismos, debe prevalecer el principio recogido en nuestra Constitución de presunción de inocencia, para evitar obtener una resolución desfavorable ante la ausencia de pruebas que no son concluyentes, o se falta a la credibilidad o verosimilitud en el proceso y no se trata de analizar o concluir que el testimonio aportado por la persona denunciante sea falso, si no que las pruebas aportadas no han sido las suficientes para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia».
Otro especialista en derecho consultado por este medio defiende que «el problema es que María Jesús Montero es vicepresidenta del Gobierno, está en el Poder Ejecutivo y no debería salir a poner en duda una sentencia que ha elaborado el Poder Judicial». Afirma que las críticas por parte de las asociaciones de jueces y fiscales se producen porque «dicen que en la sentencia, lo que prevalece es el derecho de la presunción de inocencia, que es una de las garantías de la Constitución, y que si para los jueces en cuestión, que han puesto la sentencia, no ha quedado suficientemente demostrado lo que ha pasado, tiene que prevalecer la presunción de inocencia».
Por lo tanto, María Jesús Montero «puede estar o no de acuerdo» con la resolución judicial, ya que «habrá personas que estén de acuerdo con la sentencia y otras personas que no», pero «al hacerlo público, lo que hace es cuestionar la autoridad o la capacidad de los magistrados que han puesto su sentencia«.
«Me parece gravísimo»
Al abogado Álvaro Illescas le «parece gravísimo que la vicepresidenta del Gobierno ponga en duda o cuestione la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en cualquier estado democrático», por lo que «debería dimitir, me parece de gravedad extrema».
Otra letrada consultada por La Voz de Cádiz afirma que «el poder político no tiene que opinar absolutamente nada sobre el poder judicial», y «únicamente puede hablar desde el respeto».
«La violencia de género es un tema con el que juegan todos, es un tema muy serio, y muchas personas no comprenden porque no entienden sobre la justicia y al final se tergiversa de tal forma que está en contra en general de la defensa de la violencia de género cuando no saben que hay muchos tipos de delitos que no son propiamente violencia de género y que tienen esa misma particularidad, son realmente difíciles de probar», apunta.
