El PP pide a bancos y promotoras que favorezcan el alquiler en viviendas vacías
Los populares solicitan, además, al Ayuntamiento un registro de demandantes
El Partido Popular de Dos Hermanas ha propuesto que bancos y promotoras lleguen a un acuerdo de colaboración para favorecer al alquiler social en sus viviendas vacías . Se trata de una medida que los populares han solicitado ante la «situación límite» que viven muchas familias nazarenas.
En concreto, según han informado, esta medida iría enfocada a aquellas personas que no dispongan de una vivienda social dependiente de la Administración pública, pudiendo de esta forma acceder a uno de estos inmuebles de las entidades bancarias y promotoras « en régimen de alquiler social ».
En este sentido, los populares han instado al Ayuntamiento de Dos Hermanas a que « incida en la bolsa de viviendas vacías que existe » con el objetivo de pedir a los bancos «que las pongan en alquiler con precios sociales, incluso a las entidades bancarias que no están asentadas en el municipio pero que poseen inmuebles que no estén teniendo salida en el mercado inmobiliario».
El PP nazareno ha solicitado igualmente la creación de un registro de demandantes de viviendas sociales ya que, según ha explicado el concejal popular Luis Gómez, «los poderes públicos deben buscar alternativas a las demandas de los ciudadanos, por ejemplo, creando este registro por medio de los Servicios Sociales», ya que actualmente « ni la oposición ni la ciudadanía conocen las viviendas vacías de las que dispone nuestro Ayuntamiento».
Preguntas sobre la vivienda
Junto a ello, el Grupo Municipal del Partido Popular preguntó durante la celebración del último pleno ordinario por dos cuestiones relacionadas con los proyectos del III Plan Municipal de la Vivienda. Gómez interpeló al Gobierno del socialista Francisco Toscano acerca de la situación en la que se encontraba la instrucción judicial por el caso de la promoción BPO-6 de Entrenúcleos , en cuyo caso el Ayuntamiento se encuentra personado al asumir los derechos de los compradores afectados y adelantarles las cantidades entregadas –unos 10.000 euros de media-.
La problemática, tras pararse las obras por la dificultad de la promotora para acceder al crédito y la detención de Iñaki Gil San Sebastián, director del Grupo Asfi, llegó hasta los tribunales a principios de 2013. Ahora la delegada de Vivienda y Fomento, Carmen Gil, ha avanzado como respuesta a la pregunta de Gómez que el caso « está prácticamente concluido y que solamente se está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de apelación que se ha presentado a última hora».
Por su parte, en cuanto a la cuestión planteada por los populares sobre la reclamación de algunos adjudicatarios de la BPO-2 para que se les devuelva el dinero entregado al haber rechazado sus viviendas o negarles la Junta el visado, Gil indicó que se está «atendiendo y velando por los intereses de los compradores y compradoras desde el inicio» y que subrayó que en el contrato se recoge que « no hay penalización siempre y cuando se resuelva por causa no imputable a la parte compradora », motivo por el cual continúan «mediando» para buscar una solución.
