Toda la oposición de Alcalá rechaza la prohibición de protestar en el Pleno

Los grupos políticos de la oposición municipal PP, PA e IU han mostrado de forma conjunta su rechazo a las nuevas normas del ejecutivo local socialista para regular la asistencia a los plenos municipales. A juicio de los tres grupos políticos, la intención del PSOE es «impedir que los ciudadanos alcalareños muestren sus reivindicaciones de manera respetuosa en el Pleno».

En el último Pleno, el Gobierno de Gutiérrez Limones implantó la obligación de identificarse para entrar en el Ayuntamiento y limitó el aforo del salón de plenos, donde hubo ciudadanos que no pudieron acceder. A quienes entraron se les dio una acreditación que debían llevar en lugar visible en la que se especificaban una serie de normas de seguridad. Una de ellas era que «queda terminantemente prohibido la exhibición de cualquier tipo de pancarta o cartel».

Según afirman los tres grupos de la oposición el problema es que no existe un reglamento aprobado por la Corporación Municipal en el que se implanten esa serie de medidas. Por ello estiman que en primer lugar debería realizarse y aprobarse un documento para luego implantarlo. Los grupos de la oposición afirman que «esto es algo que el propio alcalde conoce» y añaden que «sin embargo, estos gestos demuestran la nula intencionalidad de Limones de hacer las cosas bien, ya que sólo busca el uso partidista de las reglas en su favor, para frenar el rechazo ciudadano hacia su gobierno, sus políticas y su gestión al frente de la ciudad».

Para la portavoz del PP, María del Carmen Rodríguez, «al alcalde y a su equipo no le interesa mostrar a los ciudadanos su nefasta gestión , su carencia de ideas y proyectos para la ciudad».

Por su parte, la portavoz del PA, Lola Aquino rechaza la medida aplicada por el gobierno de Gutiérrez Limones y ha exigido al gobierno local que «la retire inmediatamente».

Por último, IU advierte de que la prohibición de exhibir pancartas en el Pleno puede ser «ilegal» por ir en contra del derecho a la libertad de expresión. Sus servicios jurídicos estudian actualmente las posibilidades legales de anular la medida.