El primer plan de prejubilaciones de la industria auxiliar afecta a 170 trabajadores

Un año y medio después de que culminara la última reconversión naval (en marzo de 2005), los trabajadores de la industria auxiliar todavía están a la espera del plan de prejubilaciones específico para su actividad contemplado dentro de los acuerdos que supusieron el final de la era Izar y el nacimiento de la compañía pública militar Navantia con seis astilleros.

Esta medida de bajas anticipadas, la primera que recibirá este sector industrial afecta a unos 170 trabajadores que cumplen los requisitos de ser mayores de 58 años y tener una vida laboral de más de 30 años vinculada al tejido auxiliar naval. Esta cifra es de «prejubilables», lo que supone que el número podría reducirse finalmente en función de la situación de cada empleado (parte de ellos podría seguir en activo) y de las circunstancias del sector (las perspectivas de carga de trabajo para el próximo año son positivas).

Éste es uno de los ejes del acuerdo que Junta de Andalucía, empresarios y sindicatos pretenden cerrar este mes para que los operarios salgan de las cuarenta empresas afectadas por este plan el 1 de septiembre. Así lo confirmó el delegado de Empleo, Juan Bouza, al término de una reunión celebrada ayer para perfilar el calendario del proceso que se pondrá en marcha en otoño. Bouza explicó que las previsiones iniciales de la Junta se están cumpliendo y finalmente el porcentaje de desvinculaciones será «parecido» al aprobado para Izar el año pasado.

En esta negociación todavía quedan flecos pendientes como determinar la fórmula de la salida de las factorías, para que sea de manera conjunta; acordar el procedimiento externo y el seguimiento que se hará a través de una consultoría; y cerrar el número de afectados, puesto que en el último año y medio puede haber nuevas adhesiones al plan de trabajadores que entonces ya rondaban la edad mínima de 58 años y en la actualidad pueden ya superarla.

Los afectados por las prejubilaciones percibirán un mínimo mensual de 1.200 euros brutos, mientras que el máximo será el legal para cada caso particular en función de su nivel de cotización a la Seguridad Social. Por su parte, las empresas incluidas en este plan se comprometieron a acompañar estas bajas incentivadas con un compromiso de rejuvenecimiento de las plantillas, la garantía de continuidad en el sector, una estrategia de futuro e inversiones en modernización y formación.