Un ahorro que sale caro

La operación es clara. Mediante la parcelación y la construcción ilegal se consigue un ahorro por parte del inquilino de aproximadamente el 50%, mínimo. Pero, a este ahorro hay que sumar el relacionado con los gastos de proyecto, licencias y en el pago a las constructoras que, en la mayoría de las ocasiones, no emiten factura. Al final, este precio a bajo coste puede salir caro. Una vez que la parcela queda urbanizada, su propietario tendrá que arreglar todo el papeleo para su preceptiva regularización. Es decir, al coste de la vivienda hay que sumar entonces el presupuesto para solucionar todos los permisos.

Pero además, la calidad de vida pretendida se puede ir al traste. La falta de equipamientos, infraestructuras y redes (alcantarillado, pavimentación, suministro eléctrico, agua potable, etc) puede generar una serie de problemas que en las zonas debidamente urbanizadas no se producen. Las mejoras, como la red de saneamiento, son imposibles de ser asumidas al mismo tiempo por el Ayuntamiento debido al elevado coste que tiene siempre este tipo de obras.

Para los ayuntamientos, las viviendas ilegales terminan siendo un lastre del desarrollo de las ciudades ya que el crecimiento desordenado crea una serie de necesidades no previstas y que, en pocos años, hay que solucionar a golpe de altos presupuestos.