Las infracciones urbanísticas provocan la dimisión de dos altos cargos de la GMU

Las silenciadas renuncias del gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez, y el asesor de este ramo en la alcaldía, Pedro Gómez, a lo largo de la semana pasada ha hecho que la sombra de la corrupción vuelva a planear sobre Sanlúcar. Los partidos de la oposición, que han manifestado sentirse «sorprendidos» ante esta inesperada y conjunta dimisión, sospechan que tras ambas renuncian pueden ocultarse irregularidades urbanísticas.

Aunque varias fuentes municipales hicieron ayer un «llamamiento a la tranquilidad» arguyendo que las renuncias se deben a «motivos personales», los partidos socialista y andalucista defienden que existen «intereses oscuros» en estos repentinos abandonos. «No es normal que se produzcan estas dos retiradas al mismo tiempo y más aún cuando se está en pleno proceso de creación del PGOU», explicó ayer el portavoz socialista Germán Mora quien cree que las dimisiones «pueden deberse a una estrategia temporal de Seco de cara a las próximas elecciones». Según Mora, la alcaldesa prefiere que Rodríguez y Gómez permanezcan en la sombra ya que así el Consistorio podrá sufrir «un lavado de imagen ante las numerosas denuncias de corrupción urbanística o aquellas que lo acusan de estar vinculado con el caso Malaya de Marbella».

El escándalo que viene

Por su parte, el portavoz andalucista, Antonio Prats, da otra vuelta de tuerca al posible lavado de imagen. « Creo que no se trata tan sólo de una maniobra de cara a las próximas elecciones sino que el equipo de Gobierno ha programado estas dimisiones porque sabe que le puede salpicar algún escándalo urbanístico importante y quiere depurar responsabilidades», manifestó Prats. Asimismo, el portavoz andalucista añadió que su grupo político «ha pedido a la Consejería de Obras Públicas y a la Fiscalía Anticorrupción que lleve a cabo un peritaje y que intervengan en este corrupto Ayuntamiento». En este sentido, Prats recordó «que la última gran barbarie de Laura Seco y Rafael Rubio ha sido vender terrenos en Las Piletas a 20.000 pesetas el metro de suelo, una cantidad cinco veces inferior a la que le corresponde».

Una acusación de la que el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Rubio, salió al paso con el anuncio del fallo favorable al Gobierno municipal emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con respecto al recurso interpuesto por la Consejería de Obras Públicas para paralizar el desarrollo de Verdigones. Rubio aprovechó la oportunidad para recalcar que esta sentencia es un «reflejo del cuidado que tiene el Consistorio en la aplicación de la legalidad urbanística».