El juez sostiene que Carlos Fernández era el tercer edil que más dinero recibía de Juan Antonio Roca

Las últimas noticias fiables que llegaron sobre su paradero lo situaban en el Camino de Santiago. Una llamada al móvil interrumpió su andadura cuando ya se acercaba a tierras gallegas para comunicarle que le estaban buscando. El juez Miguel Ángel Torres había dictado una orden de detención contra él -según fuentes judiciales-, por su presunta implicación en el caso Malaya, que ha destapado la corrupción instalada en el Ayuntamiento de Marbella.

A día de hoy, una semana después de que se desatase la segunda fase de la operación, el magistrado aún no ha interrogado al ex concejal del PA Carlos Fernández. Sin embargo, por la investigación policial, Torres parece tener claro el papel que desempeñaba en la trama marbellí. Según el juez, Fernández era el tercer edil que más cobraba en el escalafón de pagos bajo cuerda diseñado por Juan Antonio Roca.

El magistrado confirma en uno de sus autos que Roca era quien proponía y quien disponía cómo debían repartirse los trozos de la tarta en que se había convertido el urbanismo marbellí. Él mismo se encargaba de distribuir entre los concejales el dinero que recibía de los promotores a través la empresa Maras Asesores, la auténtica caja B del Consistorio.

Según Torres, «a la aportación de cada promotor le sigue el reparto entre los distintos concejales y Roca de los correspondientes sobres, percibiendo mayores cantidades según su rango e importancia, comenzando por la propia alcaldesa, María Soledad Yagüe, a la que siguen en orden descendente los tenientes de alcalde Isabel María García Marcos y, en su momento, Carlos Fernández».

Juan Antonio Roca tenía jerarquizados los pagos según el peso político de los ex concejales, tal y como adelantó el viernes este periódico. El juez detalla que los demás miembros del equipo de gobierno percibían algo menos de dinero, mientras que las cantidades más pequeñas, alrededor de 6.000 euros, eran para los demás representantes de la corporación municipal y sus allegados.

La investigación judicial, basada en la contabilidad de Roca hallada en el registro de Maras Asesores, ha desvelado que el ex gerente de Urbanismo destinaba parte los fondos recibidos al pago de los concejales para que éstos «votaran en todo momento siguiendo sus instrucciones».

Ese sistema permitía a Roca obtener importantes cantidades de dinero, que recibía principalmente de los promotores, por la firma y ratificación de convenios urbanísticos, la concesión de licencias de obra y primera ocupación o por permitir la ejecución de infraestructuras contrarias a la legalidad, lo que dio lugar a dicha situación de corrupción generalizada.

Bajo sospecha

El abogado de Carlos Fernández aseguró ayer que no tenía constancia de ningún tipo de orden de detención o busca y captura contra el ex edil. El letrado José Luis Ortega explicó que cuando se registró la casa de Fernández, «él mismo preguntó si estaba en calidad de detenido y le dijeron que no, que sólo estaba bajo sospecha».

Señaló además que la pasada semana se personó en la causa de y aseguró al juez instructor que estaba «a su entera disposición» en nombre de su cliente para colaborar con la Justicia. Ortega insistió en que, desde entonces no ha recibido comunicación alguna por parte del juzgado.

El Partido Andalucista, por su parte, consideró una cuestión «ajena» a la formación la situación del ex concejal. El secretario provincial del PA en Málaga, Antonio María Marín, recordó que Fernández no es cargo orgánico ni público, aunque actualmente es militante de base. Marín afirmó desconocer cuál es el paradero del ex edil.