La paz y la política

Contra lo que se dice a veces, este proceso de paz es muy distinto de los anteriores. Y, paradójicamente, también más arduo y complejo por una razón en principio positiva: ETA dejó de matar hace más de tres años, y ello ha tenido como consecuencia social más inmediata la difuminación de aquella gran amenaza en la memoria colectiva. De hecho, la última encuesta del CIS, publicada horas antes de que Zapatero pronunciara el jueves su declaración institucional, relegaba el terrorismo al quinto lugar en el catálogo de las preocupaciones colectivas de los españoles. Esta situación es la que permite al principal partido de la oposición oponerse al llamado proceso de paz sin recibir un severo castigo ciudadano y también la que, al haber perdido ETA la mayor parte de su fuerza psicológica coactiva sobre la sociedad, impide al gobierno ofrecer contrapartidas al abandono de las armas. Hoy, ni siquiera cabe imaginar una fórmula integral del estilo paz por presos que hubiera resultado perfectamente posible hace diez o quince años, cuando la banda terrorista asesinaba a mansalva.Así las cosas, es claro que el margen de maniobra del Gobierno es estrecho y que sus límites están marcados por el enunciado de la célebre secuencia temporal, surgida de los labios de la mayoría de los líderes políticos (Zapatero, Imaz, Rajoy): primero la paz, luego la política. Dicho más explícitamente, el Gobierno tiene que conseguir que el alto el fuego etarra sea definitivo, irreversible y plenamente constatable antes de que comience la negociación de la reforma del Estatuto vasco que será, como ya se presentía desde hace tiempo, el colofón de la reforma territorial en marcha. Lógicamente, ETA y Batasuna, que siempre han defendido la simultaneidad de las dos mesas, la técnica y la política, pretenden exactamente lo contrario: que el nuevo Estatuto sea la consecuencia del alto el fuego. Es decir, el precio de la paz. En definitiva, y como decía ayer editorialmente un periódico de prestigio, ETA y el Gobierno hablan de cosas diferentes cuando se refieren al llamado proceso.

En esta clave residen el éxito y el fracaso del intento. Si los radicales vascos se obstinan en tratar de imponer su relación de causalidad, el vínculo entre la paz y la autodeterminación, la oportunidad se habrá perdido y en este supuesto, Euskadi deberá prepararse a padecer un traumático final del terrorismo, no muy lejano seguramente pero cruento con toda probabilidad. Pero ésta es una hipótesis que no puede descartarse porque ni éste ni ningún otro gobierno puede resquebrajar la dignidad del Estado ni defraudar la memoria de las víctimas que han sufrido por defender unos valores que no están en almoneda. En consecuencia, el éxito depende, en primer lugar, del realismo del complejo ETA-Batasuna, de su capacidad de ver cuál es su verdadera posición y dónde está el límite estricto de las cesiones que puede esperar de la otra parte, pero también, en segundo lugar, de la inteligencia política con que se gestione el proceso. Zapatero lo explicó en su intervención con suficiente claridad: con ETA sólo habrá diálogo sobre cuestiones técnicas; todo lo demás, incluida la reforma del marco institucional, es un asunto entre partidos que representen la voluntad de los ciudadanos, y si Batasuna quiere participar en esta negociación, tendrá que legalizarse, lo que sólo será posible una vez que haya repudiado la violencia y que el alto el fuego de ETA sea fehacientemente definitivo. Finalmente, para entender bien lo que acontece, es muy conveniente releer el fragmento central de la intervención de Zapatero en el que afirma que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente», una afirmación que ha sido interpretada tanto por Batasuna como por el PP.