Mercedes Cabrera destaca que la nueva LOU dará «más margen de libertad» a las universidades
Los rectores podrán ser elegidos mediante sufragio universal por toda la comunidad académica o bien sólo por el claustro
Actualizado:El diseño y puesta en marcha definitiva del nuevo marco legal de la educación en España fue objeto ayer de un detenido estudio en el Consejo de Ministros. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, informó al Gabinete sobre la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y sobre el futuro Estatuto de la Función Pública Docente no Universitaria, normas ambas en fase de anteproyecto.
El Gobierno acordó, asimismo, aprobar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 175 millones de euros destinados principalmente a financiar la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (entre tres y seis años).
El Consejo de Ministros, por boca de la titular de Educación, conoció las líneas maestras de la reforma que potencia la autonomía de las universidades y modifica algunos aspectos de la vigente LOU aprobada en 2001, durante la gestión del anterior Gobierno.
Cabrera destacó que la reforma profundiza en el principio de autonomía universitaria para que cada universidad «establezca sus propios perfiles y goce de mayor margen de libertad», con su correspondiente «rendición de cuentas y responsabilidad ante la sociedad». Las modificaciones introducidas amplía las posibilidades para que las universidades definan en sus estatutos el método para elegir al rector, que se podrá hacer por sufragio universal entre la comunidad universitaria o por el claustro. Las universidades podrán seleccionar, entre los mejores profesores, los que más se ajusten a su perfil académico.
Calendario fijado
El Consejo de Ministros aprobó también el real decreto por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo según la LOE. El calendario concede prioridad a la implantación de las etapas educativas que constituyen la educación básica (educación primaria y educación secundaria obligatoria) y a las medidas contempladas en la LOE «para mejorar los resultados de estas etapas educativas, reducir el fracaso escolar y promover la equidad del sistema», según la referencia del Consejo.