![](/cadiz/pg060630/prensa/fotos/200606/30/003D5CA-TEM-P2_1.jpg)
Alcalá decidirá en agosto si hay reestricciones
El alcalde asegura que la muerte de 400 árboles en Los Alcornocales no se debe a las filtraciones de la balsa pública de El Montero
Actualizado: GuardarLos vecinos de Alcalá de los Gazules recuerdan todavía los nueve meses de restricciones de agua que soportaron el pasado año y algunos temen que la experiencia se repita este verano. El alcalde de la localidad, el socialista Arsenio Cordero, confirmó ayer a este periódico que, de momento, no están previstos cortes en el suministro, «aunque esta decisión se tomará el próximo agosto».
El consistorio alcalaíno, al igual que Prado del Rey, Ubrique y Espera decidió en mayo de 2005 cortar el suministro entre las once de la noche y las siete de la mañana como medida preventiva. Esta actuación la extendió del verano hasta enero. En el municipio no hay problemas en el suministro, pero la actual situación de sequía podría llevar al Consistorio a repetir la medida.
Cordero destacó que el municipio bebe del Arroyo del Montero «y por ahora trae agua, pero las necesidades del verano son muy grandes en esta zona y no descartamos nada».
El alcalde de Alcalá aseguró además que la muerte de 400 árboles justo en el borde de la pantaneta de El Montero, que abastece al pueblo, no se deben a las filtraciones de la balsa pública, tal y como han denunciado los propietarios del terreno y reclamado por vía administrativa ante Medio Ambiente.
Según señaló el alcalde, la presa se «reparó completamente» a finales del año pasado y, sin embargo, ahora sigue habiendo charcos junto a los árboles afectados. «Esto explica que la muerte de los árboles se debe al afloramiento de aguas subterráneas, y no a las filtraciones que, de darse, sólo se han dado en la parte superior de la balsa», argumentó.
A juicio de Cordero, la denuncia de los propietarios del terreno «sólo tiene como objetivo sacar dinero». «Saben que ya tenemos el proyecto de conexión de la Zona Gaditana y que la pantaneta ubicada en sus terrenos va a perder importancia», comentó.
Delito ecológico
El portavoz de la familia afectada, Cristobal Díaz, asegura que hay pruebas técnicas suficientes y evidentes para demostrar el «delito ecológico» que la Administración ha cometido en la finca situada junto a la balsa y que seguirá los trámites judiciales oportunidos para reclamar responsabilidades en el suceso.