Paso decisivo

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso ayer en conocimiento de la opinión pública el inmediato inicio del diálogo entre el Gobierno y ETA, situando su decisión «al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005» y defendiendo «el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular». El anuncio de que «el Gobierno respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente» puede representar un guiño dirigido al conjunto del nacionalismo; incluso una señal convenida con ETA y la izquierda abertzale. Así dieron a entender la escuetas palabras de Fernando Barrena. Pero la apelación del presidente a las «normas y procedimientos legales» deslinda los propósitos del Ejecutivo de las aspiraciones más soberanistas del nacionalismo que propugnan el previo desbordamiento de los cauces constitucionales y estatutarios para realizar la autodeterminación como contrapartida de la paz. Si nos atenemos a la literalidad del mensaje del presidente, es obvio que trató de ceñir su contenido a la mencionada resolución del Congreso y a lo previsto en el punto 10 del Acuerdo de Ajuria Enea. Pero con una importante zona de sombra: que ETA no ha expresado todavía «una clara voluntad para poner fin» a la violencia, ni ha mostrado «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Por eso es lógico que susciten preocupación los pasos concretos que vaya a dar el Gobierno, los efectos del anunciado encuentro entre el PSE-EE y los dirigentes de la izquierda abertzale y, sobre todo, al comportamiento que muestren ETA y sus activistas al arrimo de la iniciativa gubernamental. La propia confianza de la que Rodríguez Zapatero viene haciendo gala contrasta con su reiterada advertencia de que «el proceso va a ser largo, duro y difícil».

Los acontecimientos inmediatos tienen que reunir unas mínimas condiciones para que la sociedad pueda confiar en un pronto y definitivo final del terrorismo y las instituciones puedan preservar su entereza democrática. La primera condición es que el alto el fuego de ETA sea una realidad verificable y sin sombras a causa de la kale borroka o de la extorsión terrorista. La segunda es que el Gobierno no ofrezca ni suscite en la banda terrorista un protagonismo que corresponde exclusivamente a las instituciones y a las formaciones representativas, ni mucho menos aliente esperanza alguna de concesiones políticas a cambio de la renuncia a la violencia. La tercera condición es que el funcionamiento del Estado de Derecho no quede en suspenso a cuenta del proceso de paz. Entre otras razones porque el día en que la izquierda abertzale reconozca la preeminencia de la Ley y la independencia del Poder Judicial, podrá confirmarse su plena integración en la sociedad democrática. La cuarta condición es que la gestión del denominado proceso de paz por parte del Ejecutivo socialista no ahonde sino que contribuya a reducir la distancia que actualmente le separa del Partido Popular.

En su respuesta pública, Mariano Rajoy reiteró que el primer partido de la oposición no apoya al Gobierno en su iniciativa. Pero, ante la inminencia del contacto formal entre el Ejecutivo y ETA, optó por la reiteración medida de sus postulados evitando en todo momento recrudecer el tono crítico de sus palabras. Esa actitud constituye una oportunidad que el presidente debería valorar en toda su importancia, perseverando al máximo en la comunicación con el líder de la oposición. Es probable que el Gobierno socialista y su partido hayan confiado en el paso del tiempo como un factor que acabase amortiguando los efectos en la opinión pública de la discrepante posición del PP. La insistencia en que su iniciativa perfectamente podría abrirse paso a pesar de la oposición popular así lo da a entender. El problema es que el Gobierno, el Estado democrático y la sociedad no se enfrentan a un mero problema de coyuntura que pudiera solventarse mediante hábiles movimientos tácticos. Para que la desaparición del terrorismo se haga irreversible y la paz se convierta en sinónimo de una libertad compartida y justa respecto a la memoria de las víctimas es imprescindible que la inmensa mayoría de la sociedad vasca y española y el conjunto del arco parlamentario acaben identificándose y sintiéndose razonablemente cómodos con el escenario final en que desemboque el proceso de paz. Y no será fácil que eso ocurra si en el camino las sangrantes heridas causadas por el terror continúan abiertas o las víctimas y los perseguidos por la trama terrorista perciben que las decisiones gubernamentales tienden a dar la razón a la cruel sinrazón etarra. El Gobierno y su presidente cumplen con su deber al explorar las posibilidades reales que el alto el fuego de ETA ofrece para acabar con la lacra terrorista.

Pero ello no puede significar que las demás formaciones políticas o fuentes de opinión deban dar por buenos todos y cada uno de los pasos que adopte el Ejecutivo. Es más, la crítica razonada, la reserva pública y las advertencias respecto a los peligros en que se adentra toda aproximación al diálogo con los terroristas no entorpecen sino que contribuyen a mantener la actuación de las instituciones públicas dentro de lo admisible en democracia. La negativa del PP a secundar al Gobierno no supondrá un obstáculo para alcanzar la meta expuesta por el presidente, siempre que el partido de Rajoy sea capaz de acercarse a la unidad con el Ejecutivo si los hechos se orientan hacia un final del terrorismo sin precio político.