El PNV paga la fianza de 30.000 euros de Aguirre para evitar que entre en prisión

El PNV hizo ayer efectivo el pago de la fianza impuesta a Gorka Aguirre, apenas unas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska impusiera esta medida cautelar al considerar que colaboró con ETA al mediar en la recaudación del impuesto revolucionario. A primera hora de la mañana un representante legal de la formación que dirige Josu Jon Imaz abonó en una entidad bancaria los 30.000 euros de fianza, a pesar de que el magistrado dio un plazo de 72 horas para hacer efectivo ese pago y evitar su ingreso en prisión.

Aguirre deberá, no obstante, presentarse todos los lunes ante el juzgado, y tiene prohibido viajar al extranjero sin autorización judicial. El juez, que se desplazó el miércoles a Bilbao para interrogarle durante más de cuatro horas, le permite, en el desarrollo de su labor como responsable de Relaciones Exteriores del PNV, pedir una vez al mes permiso para salir fuera del territorio nacional.

La imputación a Gorka Aguirre volvió a encender en las filas de los diferentes partidos nacionalistas las críticas contra la judicatura y contra la actuación del magistrado Fernando Grande-Marlaska, así como las muestras de apoyo al dirigente peneuvista.

Abogado de confianza

El juez de la Audiencia Nacional volvió ayer a tomar declaración a Ramón Sagarzazu Olazaguirre, de 69 años, en prisión desde el pasado sábado por integración o colaboración con ETA tras su detención en la operación policial hispano-francesa contra el aparato de extorsión de la organización terrorista.

En esta ocasión y a diferencia de la anterior, Sagarzazu, al que la policía considera activista de ETA dedicado a la recaudación de fondos para la banda, contestó a las preguntas que le formuló el magistrado y que versaron sobre interpretaciones de conversaciones telefónicas intervenidas en el curso de la citada operación.

En su primera comparecencia ante el juez, Sagarzazu se negó a contestar a sus preguntas al estar asistido por un abogado de oficio, por lo que Grande-Marlaska, tras ordenar su prisión, decidió emplazarle de nuevo para ayer y volverle a interrogar ya en presencia de su abogada de confianza, Ainhoa Baglietto. Tras oír a Sagarzazu, uno de los etarras expulsados desde Argelia a Cabo Verde en 1989 y que permaneció huido de la Justicia entre 1993 y 2003, Grande-Marlaka decidió mantenerle en prisión.

Ya durante la tarde, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional interrogó a los dos últimos detenidos de la trama, arrestados el martes de esta semana en las localidades guipuzcoanas de Fuenterrabía e Irún: Emilio Castillo González de Mendívil y José Ignacio Elosúa, hermano de Joseba Imanol Elosúa, el presunto jefe en España de la red de cobro del denominado impuesto revolucionario.

El magistrado decretó prisión incondicional para Castillo, mientras que para José Ignacio Elosúa, al que mantuvo imputado en la causa, le dejó en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado.