Propuesta para el Oratorio

En declaraciones públicas del 26 del pasado mayo, el presidente de la Junta manifestó que «no hay motivo alguno para propiciar enfrentamientos religiosos» y que desea contar con el Ayuntamiento de Cádiz para el futuro de San Felipe. Por otra parte, la nota informativa publicada por el Obispado al día siguiente, 27 de Mayo, deja clara su postura: «La Iglesia diocesana quiere cooperar al desarrollo favorable de este bicentenario para Cádiz». Ello, tras afirmar antes que «el Oratorio no se desmantelaría, ni se perdería un bien artístico e histórico... ni en la Junta ni en el Obispado se ha hablado de desacralización...que no sería necesario en caso de llegar a acuerdos...». Quedan fijadas, pues, unas posturas que disuelven satisfactoriamente las graves preocupaciones y las dudas planteadas anteriormente y permiten restablecer la confianza de la ciudadanía y de muchos cristianos gaditanos. Sin embargo, a pesar de las semanas transcurridas desde entonces, no se acaba de atisbar el final. Por ello, y a la busca de soluciones satisfactorias para todos, consideramos llegado el momento de avanzar propuestas que, por el bien general, deseamos someter a la consideración de las personalidades e instituciones involucradas. Hay coincidencia de todas las partes en que el Oratorio de San Felipe Neri debe jugar un papel relevante e insustituible en el Bicentenario de tales efemérides. Y que para ello, siendo imprescindible su urgente restauración, no es necesario cambiar su titularidad ni desacralizar el templo, como no lo fue en los momentos históricos cuyo bicentenario nos preparamos a celebrar.

Por otra parte, nadie debería oponerse o mostrarse receloso ante la posibilidad de concertación de todas las voluntades implicadas, un gran acuerdo entre las diversas administraciones públicas y la Iglesia, que, con base en el Oratorio y en sus edificios anexos, potencie un gran Centro de Estudios Constitucionales. Ese Centro debería resultar capaz de acometer con garantías una importante actividad científica, académica y cultural, con especial atención a las relaciones iberoamericanas, en torno al Bicentenario, pero con voluntad de continuar su tarea más allá de 2012. Un Centro con presencia de todas las altas instituciones representativas de la ciudadanía gaditana, y constituido de manera que preserve el interés general de Cádiz por encima de particularismos y banderías; haciendo prevalecer en sus normas rectoras el espíritu constructivo y la concordia.

Necesario es recordar que Cádiz cuenta ya con un más que meritorio Centro de Estudios Constitucionales, formado en su patronato actual por el Casino Gaditano, el Ayuntamiento, la Universidad y Caja El Monte, cuyo trabajo es muy estimable. El actual centro de Estudios Constitucionales podría ser el embrión ya evolucionado del que proponemos. Para ello, sería necesaria la ampliación de la fundación que lo sostiene al Obispado de Cádiz, titular del Oratorio y a la Junta de Andalucía. Es asimismo oportuno resaltar que tanto el edificio del Museo de las Cortes como el colegio, cuyos profesores y padres de alumnos deben ser tenidos en consideración, son propiedad del Ayuntamiento de Cádiz. A nuestro juicio, la propuesta de acuerdo que presentamos permitiría también la incorporación de esos espacios al gran complejo doceañista, pues el Ayuntamiento forma y formaría parte del Centro de Estudios Constitucionales llamado a gestionarlo.

Es evidente que la Iglesia no puede ni debe estar ajena a la efemérides, como no lo estuvo en el propio hecho histórico que conmemoramos, en el que participó de manera sobresaliente. Nos parecen perfectamente compatibles las actividades institucionales, académicas, culturales y políticas que deben desarrollarse en el Oratorio con el mantenimiento de una presencia modulada de la Iglesia en los campos institucionales, culturales y pastorales, algo que el patronato de la fundación resultante debería asumir y encauzar. Entendemos que ello facilitaría incluso las relaciones con los pueblos iberoamericanos que el Centro debería estimular, pues a nadie se le oculta el profundo respeto a los valores cristianos que éstos mantienen como parte de sus propias raíces. Supuesto, la autoridad competente, que en este caso es la Junta de Andalucía, debiera iniciar cuanto antes el proceso de restauración del Oratorio, y ello en cumplimiento de la ley y en servicio a la ciudad de Cádiz en momento tan extraordinario para ella.

En manos de todos está propiciar una solución equitativa y satisfactoria, que, buscando el bien común, ofrezca a todas las instituciones su justo protagonismo y evite una utilización ideologizada, impropia o raquítica de espacios dotados del más alto simbolismo religioso, institucional y patriótico. Unos espacios que la Historia ha declarado de todos los gaditanos y de todos los españoles.

Firmado por: José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Rafael Sánchez Saus, Manuel Bustos Rodríguez, José María Ayerbe de Mora, José Antonio Gutiérrez Trueba, Manuel de Pando Vilchez, José Ramón del Río García de Sola, José Mª Esteban González, Enrique Maestre García, Antonio Rendón- Luna de Dueñas y Fernando Pérez Mulet.