Ningún promotor denunció ante la Policía la trama de extorsión en Marbella

No hay denuncias, ni siquiera confidencias. Nada. A pesar de los mensajes lanzados entre líneas por la policía, ningún constructor ni promotor dio un paso al frente durante la investigación del caso Malaya para denunciar la trama de extorsión marbellí, según informaron a este periódico fuentes cercanas al caso. Los especialistas de la Sección de Blanqueo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no han podido contar con la valiosa información que habrían aportado los empresarios de la construcción, que en algunos casos fueron víctimas y, al mismo tiempo, beneficiarios del ayuntamiento paralelo instaurado en Marbella.

Las fuentes consultadas precisaron que el único empresario que salió a la palestra durante la primera fase de la operación fue el dueño del centro comercial La Cañada, Tomás Olivo, quien solicitó prestar declaración ante el juez Miguel Ángel Torres empujado por las informaciones periodísticas que en esos momentos le situaban en el entorno del que está considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. En aquella aparición en el juzgado, negó cualquier vínculo con su paisano cartagenero. Olivo fue el único empresario que se acercó al juzgado «más que para colaborar, para saber de qué se le acusaba», dijeron las fuentes. Los demás se mantuvieron en la sombra hasta que, ahora, la policía les ha colocado ante la Justicia. Trece promotores, algunos de los más importantes en Andalucía y en España, entre ellos el propio Tomás Olivo, han sido arrestados en la operación Malaya II por presunto cohecho; ya han empezado a prestar declaración ante el juez. La total ausencia de denuncias ante la policía contrasta con las afirmaciones emitidas desde la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, ante la segunda fase de la operación Malaya, que demandó que «los poderes públicos actúen con todo rigor para erradicar las prácticas de extorsión a las que, con demasiada frecuencia, se ha visto sometida la actividad empresarial».

Los avisos lanzados han sido reiterados y, en algunos casos, no era necesario descifrar mensajes entre líneas. A primeros de junio, por ejemplo, este periódico publicó: «Los expertos de la 'operación Malaya' esperan que el casi centenar de empresarios, constructores y promotores que pagaron multimillonarias comisiones a Juan Antonio Roca para poder sacar adelante sus proyectos inmobiliarios acudan a la policía para denunciar aquellos hechos antes de que sean descubiertos y, entonces sí, sancionados por el pago de cohechos».