Una banda de narcos que importaba hachís se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel

A mediados del año 1997, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) comenzó a investigar las extrañas ganancias de F. M., un vecino de Los Palacios (Sevilla), quien pese a no tener un trabajo conocido, mantenía un nivel de vida elevado. En esas fechas se autorizó la intervención de su teléfono móvil y gracias a esas escuchas telefónicas se supo al año siguiente que en el mes de julio se iba a importar un cargamento de hachís a través de las costas gaditanas. Ese alijo fue interceptado por Vigilancia Aduanera y hoy, las seis personas que fueron detenidas como consecuencia de las pesquisas se sientan en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía solicita penas de cinco y seis años para los imputados por un delito contra la salud pública. Además, pide el castigo superior por la cantidad aprehendida: 1.973 kilos de hachís.

El presunto cabecilla de la banda, F. M. disfrutaba de unas ganancias elevadas, que le permitieron adquirir fincas, empresas y automóviles, aunque no constaba ninguna remuneración legal. Como suele ocurrir en los casos de bienes comprados con dinero negro, las propiedades de estas personas están a nombres de familiares y amigos, como era el caso de F. M.

Vigilancia Aduanera observó durante el tiempo que fue investigado este vecino de Los Palacios, que hacía numerosos viajes a Madrid, donde contactaba «con compradores de la droga que él importaba y que se distribuía en toda España e, incluso, en el extranjero», relata el escrito de calificación del fiscal.

Según el Ministerio Público, esta persona se apoyaba en J. A. P., quien tenía encomendadas labores diversas como el pago a las personas que prestaban las embarcaciones para los alijos o el cobro por las ventas de los estupefacientes. La red se ayudaba de un grupo de colaboradores que se encargaban de buscar la tripulación de los barcos donde se cargaba el hachís (es el caso del acusado B. R. G.); otros eran dueños de embarcaciones que ponían a disposición de la organización como M. T. F.; o el contacto en Marruecos que compraba la droga. En esta operación, Vigilancia Aduanera no pudo detener a un marroquí, conocido como Pulpi o Canijo, que residía en Manilva y era el enlace de la red en el país marroquí.

El presunto líder de la organización y sus tres colaboradores se sentarán hoy en el banquillo de los acusados, junto a dos tripulantes de la nave interceptada, G. J. y A. P.; el primero fue apresado durante el alijo frustrado.

Esta operación se produjo el 9 de julio de 1998. Una patrullera, varios coches y un helicóptero de Vigilancia Aduanera esperaban a la embarcación sospechosa a la altura de Bajo de Guía, en la desembocadura del río Guadalquivir. Cuando llegó el barco procedente de Marruecos intentó burlar el asedio del SVA y embarrancó en una de las orillas. El patrón y uno de los tripulantes lograron huir, mientras que G. J. fue apresado. Días después caería la cúpula de la red y los restantes colaboradores.

Un juzgado especializado

También en materia de narcotráfico, la coordinadora antidrogas Redein mantuvo ayer una reunión con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía, Felipe Márquez, al que le trasladaron su proyecto Impulsa, que pretende que todas las administraciones hagan manifestaciones públicas contra el narcotráfico. Además, explicaron algunas de sus demandas como la existencia de un juzgado, de ámbito provincial, que se dedique en exclusiva al crimen organizado.