Las penas leves a las que se enfretan los infractores favorecen estas prácticas
Actualizado:El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz volvió a insistir en el apartado que le compete dentro de la memoria de la Fiscalía del TSJA, en las penas tan bajas a las que se somete a los infractores de delitos urbanísticos y el flaco favor que estas sentencias hacen a la lucha contra estas actividades.
Ángel Núñez es especialmente crítico en esta ocasión con la concepción que la Audiencia Provincial ha mantenido respecto a estos delitos. Además, incide en cómo se obtienen rebajas de penas gracias a que los denunciados apelan a que su edificación no ha provocado un grave perjuicio al suelo, porque la zona en cuestión estaba ya gravemente deteriorada. Es decir, como ya existen otras construcciones ilegales, el infractor se ampara en esta situación para no hacerse del todo responsable del daño que puede cometer al entorno.
Desde la Fiscalía de Cádiz se recuerda que esa concepción del deterioro de un determinado bien como puede ser el suelo, no es aplicable, en cambio, en otro tipo de delitos.
También es muy crítico a la hora de valorar la inexistencia de condenas que conlleven la demolición de la vivienda ilegal, y como en muchas sentencias que se dictan en las distintas secciones de la Audiencia, se delega en las administraciones locales para que dentro de sus competencias obren en consecuencia. La Fiscalía entiende que si está acreditado que una construcción es ilegal «no tiene ningún sentido obviar el pronunciamiento sobre la demolición... Pues ello sólo supone favorecer la concienciación general de impunidad».