El casco antiguo registra un desalojo de media al mes, la mitad en La Viña

Lo que muchas otras capitales pasa por ser un escándalo, que alcanza relevancia nacional o al menos regional, en Cádiz es casi ya una costumbre. Constructores, promotores, autoridades y hasta vecinos asumen como «normal» que las obras de un solar colindante afecten a las fincas adyacentes.

Son los «daños colaterales» de un centro histórico cuyas construcciones, dicen, son viejas y de no muy buena calidad y eso, al parecer, sirve de justificación para que se produzcan grietas y destrozos en los edificios, la mayoría ocupados por inquilinos, no por los propietarios.

En lo que va de año el Ayuntamiento ha decretado el desalojo de hasta seis fincas -siete si se cuenta con las dos veces que ha tenido que desocuparse la de Lubet, 3-, prácticamente una por cada mes. En total, cerca de veinte familias han tenido que abandonar su hogar por este motivo. Por barrios, la peor parte se la lleva La Viña, con tres de los seis desalojos: en José Celestino Mutis, 4; Lubet, 3 y Pericón de Cádiz, 19. Las dos últimas relacionadas con las obras de un enorme solar que abarca las calles Pericón, Lubet y San Félix.

Además, se registraron dos desalojos en Santa María, 6 (barrio de Santa María) y Adolfo de Castro, 32 (Mentidero) y otro más en la calle Torre, 41.

Eso por lo que respecta a 2006, mientras que en 2005, según los datos del Ayuntamiento, la delegación municipal de Asuntos Sociales se encargó del realojo de 13 personas en total.

No es casualidad que la mayor parte de los desalojos se hayan dado en La Viña. Se trata de uno de los barrios más deprimidos del casco histórico pero, al contrario de como sucede en Santa María, autoridades municipales y constructores reconocen que no termina de despegar.

Influye el hecho de que no sean construcciones de calidad, como se da en la parte de San Carlos o en San Antonio. Incluso el barrio de Santa María, actualmente, está en mucha mejor condición fruto de una campaña de rehabilitaciones. Pero no es menos cierto que muchos sospechan que la dejadez de propietarios, con el consiguiente aprovechamiento de promotores, persigue acabar con contratos de renta antigua en los que suele pagarse una media de 150 euros.