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Los eurodiputados concluyen que las obras de la M-30 incumplen la normativa

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid ha denunciado el "desconocimiento del derecho español" de los eurodiputados

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Los dos eurodiputados del Parlamento Europeo que han inspeccionado las obras de la M-30, el socialista irlandés Proinsias de Rossa y la representante danesa de Los Verdes Margarete Auken, consideran que los trabajos han incumplido la preceptiva evaluación de impacto ambiental comunitaria.

Así lo han indicado en la conferencia de prensa que ha puesto fin a dos días de inspección a las obras de reforma de esta vía emprendidas por el Consistorio que "eludiendo la Declaración de Impacto Ambiental" (DIA), el Gobierno municipal ha "excluido a los madrileños y los ha tratado como súbditos, no como ciudadanos" indicaron.

Ambos parlamentarios europeos señalaron que tras la presentación de su informe "lo importante es que el Ayuntamiento encuentre una solución lo más pronto posible" para adecuarse a la legislación europea y "antes de que el Reino de España tenga que ser sancionado por el Tribunal de Justicia Europeo".

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, ha destacado de su reunión con los eurodiputados su "desconocimiento del derecho español y de cuáles son las consecuencias jurídicas de que la M-30 haya pasado de ser una carretera a convertirse en una calle".

El eurodiputado irlandés ha indicado en que no es "abogado, sino político" y que, por tanto, no es a él a quien le corresponde decidir si se trata de un "proyecto legal o ilegal", en lo que se refiere a su adecuación a la legislación europea, sino "redactar un informe con las impresiones recogidas" en esta visita.

Beteta, que se ha mostrado "sorprendido" porque ningún representante del PP haya formado parte de la delegación. Ha explicado que su "misión" había sido trasladar a los parlamentarios europeos que no había sido "preciso" que la Comunidad de Madrid sometiese el proyecto de reforma de la M-30 a un estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El portavoz popular ha defendido que esta decisión está "avalada" por la Ley de Carreteras española, por el Consejo de Estado y por dos sentencias y cuatro autos judiciales.