Los etarras Jesús María Etxeberria y Angel Aramburu (de blanco) trataron hoy de ser expulsados del juicio que comenzó a celebrarse contra ellos en la Audiencia Nacional. /EFE
en la audiencia nacional

Dos etarras que atentaron en Santander son expulsados del juicio por patear el cristal de la sala blindada

"No vamos a contestar a ninguna pregunta, sólo que estamos orgullosos de ser militantes de ETA", ha dicho uno de los detenidos

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Los etarras Ángel Aramburu Sudupe y Jesús María Etxeberría Garicoetxea han mostrado un comportamiento agresivo al inicio del juicio que sigue la Audiencia Nacional contra ellos por un atentado con coche bomba perpetrado en noviembre de 2002 en un parking municipal de Santander. Tras negarse a declarar ante el tribunal, los acusados han pateado los cristales de la mampara blindada para provocar su expulsión de la sala.

El incidente se ha producido después de que el presidente de la Sección Tercera de Penal, Alfonso Guevara, les preguntase si iban a declarar, a lo que los acusados, quienes se enfrentan cada uno de ellos a 18 años de cárcel por un delito de estragos terroristas, se negaron pese a que momentos antes habían manifestado sentirse "orgullosos de ser militantes de ETA".

Tras negarse a levantarse y decir varias veces: "nos vamos", "vamos a abandonar", a la vez que se giraban hacia la puerta del habitáculo, Guevara les espetó: "ustedes no se van a ir a ningún lado" y pidió a la Policía que entrara en la sala blindada y procediera en consecuencia. Poco antes de que accedieran los agentes, los dos etarras comenzaron a dar patadas a los cristales blindados y finalmente fueron reducidos y esposados y así permanecieron durante toda la vista, que continuará el 5 julio con la declaración de dos testigos que hoy no comparecieron por un error en la citación.

Al mismo tiempo que la Policía reducía a los dos etarras, el presidente ordenaba también la expulsión de sus familiares y amigos que se encontraban entre el público por alteración del orden, al haberse puesto a jalear a los acusados poniéndose en pie con el puño en alto.

Etxeberria y Aranburu constituyeron en noviembre de 2002 un comando de ETA al que llamaron "Egoitz eta Hodei", en homenaje a dos etarras que fallecieron cuando transportaban explosivos. Ambos fueron detenidos el 17 de diciembre de 2002 después de un tiroteo en el que resultó muerto un guardia civil que se disponía a identificarles en una gasolinera de la A-6 a la altura de la localidad madrileña de Collado-Villalba.

Según declararon tras su detención, manifestaciones que hoy fueron leídas en la vista, cuando la Guardia Civil les interceptó en la gasolinera, se dirigían a Madrid con la intención de atentar en varios establecimientos del Corte Inglés "de manera escalonada". De hecho, en el coche les fueron intervenidos 130 kilos de explosivos para preparar 10 artefactos que pretendían colocar en diferentes centros comerciales el día 31 de diciembre de ese año.

Para perpetrar el atentado en Santander, los acusados se desplazaron a la localidad asturiana de Avilés, donde robaron un vehículo al que cambiaron las placas de matrícula por otras falsas y con el que se trasladaron a una pista forestal de Torrelavega (Cantabria), donde colocaron en el automóvil un artefacto compuesto por treinta o cuarenta kilogramos de explosivo.

La noche del 2 al 3 de diciembre, los procesados estacionaron el vehículo en la planta segunda del aparcamiento de tres plantas situado en la calle de Alfonso XIII de Santander, y a las tres de la tarde del día 3 llamaron al diario Gara advirtiendo de que el artefacto haría explosión a las 15:50 horas, aunque en realidad lo habían programado para que estallara dos minutos antes de esa hora.

La explosión se produjo efectivamente a las 15:48 horas y causó "importantísimos daños" materiales, pero no personales gracias a que la Policía había acordonado la zona y evacuado el aparcamiento. Además de los daños estructurales en el aparcamiento, resultaron dañados un total de 86 automóviles. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estragos terroristas y pide para los acusados una pena de 18 años de prisión y de 30 años de inhabilitación absoluta.