La defensa del inspector de la 'operación Karlos' pide la nulidad de las escuchas

La polémica de las escuchas telefónicas que son declaradas nulas y alteran por completo un procedimiento judicial sobrevuela ya la operación Karlos, y por su relación con la trama de las facturas falsas, podría afectar incluso a la operación Halcón. La defensa del inspector médico imputado en el fraude de las pensiones de invalidez, Francisco Casto Pérez, presentó ayer un escrito de incidente nulidad, en el que se solicita que se declare nulo el contenido de varias conversaciones que fueron intervenidas por la Agencia Tributaria y que afectan a su cliente.

El letrado, Felipe Meléndez, entregó la petición a última hora de la mañana de ayer en el juzgado que instruye el caso, el nº 1 de Cádiz, después de que su representado compareciera ante el juez. Había sido llamado por la autoridad judicial para que prestara testimonio en su presencia, ya que la única declaración realizada por el inspector médico fue ante el otro juez que inició el procedimiento, el del nº 2 de Jerez.

Francisco Casto Pérez «se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del juez». El estéril paso se completó con la comunicación oficial de que su recurso contra el auto de prisión incondicional que le mantiene en la cárcel desde el principio del proceso, ha sido desestimado por la Audiencia.

Pero la jornada matinal en los juzgados de San José tuvo su factor sorpresa con la petición de declarar nulas las escuchas telefónicas que afectan al inspector médico. Según el letrado, la primera conversación intervenida que mantuvieron Carretero y Francisco Casto data del 28 de noviembre del año pasado. Desde esa fecha hasta el 22 de diciembre, el teléfono del ex jefe de la Policía Local de Ubrique estuvo pinchado y, por eso, se interceptaron diálogos con el facultativo.

Obtención de prueba ilegal

Felipe Meléndez considera que esa prueba ha sido obtenida de manera ilegal y que, por tanto, no puede ser considerada dentro del proceso. Esa ilegalidad la justifica en que la intervención del móvil de Carretero fue solicitada por la Agencia Tributaria para proseguir con las investigaciones en el marco de la operación Halcón. «Si tenían indicios de la comisión de un delito diferente, el juez debió abrir diligencias y autorizar que se indagaran las conversaciones que afectan a mi cliente». Pero el abogado recuerda que el 22 de diciembre se solicitó una prórroga para continuar con los pinchazos, pero en referencia al fraude de las facturas falsas, y en ningún momento «se informó» que dichas escuchas tuvieran como fin esclarecer un fraude contra la Seguridad Social.

La defensa apela a sentencias del Constitucional en el que se invalida una prueba por haber sido obtenida de manera ilegal, y recuerda la teoría introducida por el juez Garzón, del «árbol podrido», que entiende que un proceso está viciado desde el momento que tiene una de sus piezas podridas. Meléndez se remonta a otros polémicos procesos como el caso Semilla o Estela en los que la nulidad de las escuchas ha sido determinante para la puesta en libertad de algunos imputados.

En el caso de que su petición sea desestimada, la defensa del inspector recurrirá ante la Audiencia, «y si es aceptada se pedirá que prospere el archivo de la causa».

Al parecer, la única prueba incriminatoria que existe contra Francisco Casto son las conversaciones con Carretero. «No hay nadie que lo haya acusado, ni a quien le haya cobrado dinero». Por eso, la defensa confía en la solicitud presentada para obtener la libertad sin cargos de su cliente.

500 firmas recogidas

Mientras ocurre o no esto, la familia del inspector está recogiendo firmas en apoyo del excarcelamiento del facultativo, así lo confirmó su abogado. Hasta la fecha ya hay «unas 500 firmas a favor de que esta persona salga ya a la calle». Dentro de unos días, las rúbricas serán presentadas ante las administraciones competentes para que «conozcan un sentir».

Francisco Casto es el único implicado en la operación Karlos, junto con el supuesto cabecilla de la organización, Carlos Carretero, que permanece en prisión.