El Gobierno rebaja la exigencia de incluir mujeres en los consejos de las empresas

Las grandes empresas tendrán ocho años y no cuatro, como se preveía, para acomodar en sus consejos de administración al menos a un 40% de mujeres y cumplir así con los preceptos de la futura Ley de Igualdad. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto legislativo con un recado conciliador a los empresarios, muy críticos con una norma que les empuja a negociar con los trabajadores la igualdad en los centros laborales, establecer planes para equiparar a hombres y mujeres, y a repartir la tarta del poder en las grandes firmas, que ahora sólo es masculina. Apenas un 3% de los consejeros y altos directivos son mujeres.

«Espero que les guste la flexibilización de este requisito», admitió Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta concesión a las compañías -que además no pasarán exámenes anuales para evaluar la incorporación de féminas en sus órganos directivos- es, de hecho, la única modificación del texto después del paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES), y el Consejo de Estado. Todo lo demás sigue igual, incluidos los incentivos -preferencia en las contrataciones con las administraciones públicas-, de que disfrutarán las empresas que consoliden una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la plantilla y la dirección.

Control del Gobierno

El Gobierno medirá el grado de cumplimiento de estas recomendaciones al cabo de cuatro años. Si por las buenas los empresarios no avanzan en la senda de la igualdad, la norma se endurecerá. Pero, hoy por hoy, «ésta no es una ley coactiva», señaló Caldera. Buena parte de su contenido es de mero impulso. Así, se insta a dar preferencia en la contratación y promoción de mujeres en las empresas con plantillas y cuadros dirigentes con claro predominio masculino. Se obliga a las empresas a negociar en los convenios medidas que promocionen la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos-, entre hombres y mujeres, pero no están obligadas a alcanzar acuerdos. Las de más de 250 trabajadores tendrán que adoptar planes preceptivos.

Hay algunas medidas obligatorias, cuyo incumplimiento llevará aparejadas multas cuantiosas, de hasta 90.000 euros las más graves. La ley define además conceptos como la discriminación por sexo, el acoso sexual y el acoso en razón de sexo. En estos casos se invierte la carga de la prueba y será el denunciado por acoso -empresa o particular-, quien tenga que demostrar la falsedad de los indicios acusatorios. La futura Ley de Igualdad incluye nuevos derechos laborales, de Seguridad Social y tímidas medidas de conciliación. Entre ellas, el nuevo permiso de paternidad de 8 días, independiente del de la madre, que se suma a los dos días de la actual licencia paternal, y un nuevo subsidio de maternidad para quienes carezcan del período de cotización mínima para acceder a la prestación. La discriminación laboral por embarazo, parto o lactancia será multada y nulo cualquier despido por maternidad. Caldera destacó el aval del Consejo de Estado al espíritu transformador de un proyecto que «desarrolla el mandato de igualdad de la Constitución». El más alto órgano consultivo también da por bueno -dijo el ministro-, uno de los puntos más controvertidos, la paridad electoral. La ley buscará la «presencia equilibrada» de hombres y mujeres en las listas electorales que concurran a todos los comicios, con la única salvedad de las elecciones municipales en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El propósito es que ningún sexo tenga más del 60 ni menos del 40% en las candidaturas, con tantas mujeres como varones en puestos con posibilidad de escaño a fin de garantizar una presencia equilibrada en las instituciones.

Pendiente de sentencia

La paridad electoral normativa está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional. Dos comunidades, Castilla-La Mancha y el País Vasco, aprobaron leyes electorales igualitarias recurridas por el gobierno del PP. Su secretaria de Política Social, Ana Pastor, volvió a poner en duda el encaje constitucional de este punto, y criticó la falta de contenidos del proyecto. «Tiene el signo inequívoco de Zapatero, que se caracteriza por la propaganda y por no tener contenido», recalcó. Pastor ofreció voluntad de consenso cuando el texto llegue al Parlamento, aunque no le gusta su sesgo elitista. «Está orientada a consejos de administración y cuotas, cuando los problemas reales son otros», como la discriminación salarial y profesional o la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar», dijo.