El Congreso flexibiliza la Ley del Menor para que pueda aplicarse hasta los 21 años en casos leves

El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la reforma de la Ley del Menor para su trámite en el Senado, que incluye un endurecimiento de las medidas, hasta los ocho años de internamiento y diez en caso de reincidencia, por delitos de violación, asesinato o terrorismo.

No obstante, el texto «flexibiliza» el proyecto original del Gobierno de tal manera que las medidas especiales que contempla la ley podrán extenderse a la franja de edad entre los 18 y los 21 años en casos leves, siempre y cuando se trate de una falta, sin violencia o intimidación y que las circunstancias del imputado y su grado de madurez lo aconsejen.

El proyecto de ley recibió el visto bueno de toda la Cámara, salvo el PP, que lo rechazó al considerar que no se garantiza la financiación de las medidas, y el grupo de IU-ICV, formación contraria al endurecimiento de las penas. Eusko Alkartasuna se abstuvo.

Críticas

IU-ICV, que votó por vez primera en contra de un proyecto del Ejecutivo, cree que la reforma «vulnera» el interés del menor y que no está justificada, entre otras cosas, porque la evolución de menores detenidos ha pasado de los 27.117 en 2000 a los 22.700 del año pasado. La reforma también fue criticada por otros grupos, como EA, ERC o PNV, por considerar «excesivas» algunas sanciones, como las medidas cautelares de internamiento (hasta seis meses), ya que a su juicio alteran los principios de defensa, socialización y reinserción del menor con los que fue concebida inicialmente la ley. Estos grupos también pidieron la eliminación del juzgado central de menores de la Audiencia Nacional. Por su parte, el PP votó en contra y reclamó un mayor endurecimiento de las medidas para «reforzar el derecho de la víctima y dar una respuesta más efectiva contra la violencia y los delitos graves».

La modificación aprobada ayer incluye algunas novedades, entre ellas la exención de los menores de la obligación de declarar ante un juez en todos los procedimientos penales, tanto si es víctima como testigo, como por ejemplo en aquellos casos que hayan presenciado la muerte de su madre por un episodio de violencia de género.