Vecinos de Pinar de Coig declaran ante la juez que tenían reuniones con el concejal de Urbanismo

Tras una larga espera, tres nuevos testigos (de los cinco citados por la parte denunciante) del caso Pinar de Coig pasaban ayer más de dos horas declarando ante la juez del Juzgado número dos de El Puerto. El ex presidente de la Asociación de Vecinos, Miguel Salas, el actual representante y también secretario de la federación de viviendas irregulares (Fevema), Francisco Javier de Paula y su mujer, María del Carmen Pacheco (hija de uno de los denunciados, Rafael Pacheco), declararon ante la jueza del caso.

En este caso se acusa al alcalde, Hernán Díaz, y al concejal de Urbanismo de un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Además, también están acusados el promotor y el intermediario de la venta de terrenos.

Tras la toma de declaración, los testigos citados y su abogado prefirieron no hacer ningún tipo de declaración. Tampoco quiso pronunciarse el abogado del alcalde y del concejal de Urbanismo. Quien sí lo hizo fue el letrado de Ecologistas en Acción, Enrique Bartolomé. Según su testimonio, la declaración de estos tres vecinos de la zona Pinar de Coig, desveló algunos detalles importantes: en primer lugar, que habían mantenido diversas reuniones con el concejal de Urbanismo.

Esta declaración, como destacó Bartolomé, contradice la del concejal, que negó en su comparecencia conocer la zona antes de que Ecologistas denunciara que se había construido en una zona de especial protección. Incluso, y según siempre la versión aportada por el abogado de Ecologistas, Rodríguez habría estado de visita allí al igual que en otros núcleos de viviendas ilegales de la ciudad. «Ha quedado suficientemente acreditado que el Ayuntamiento no solo conocía (la situación irregular), sino que el concejal firmó los tres escritos dirigidos a Sevillana para que se diera luz allí», explicó el abogado a su salida.

Y es que, como adelantó LA VOZ, el pasado mes de noviembre, el concejal de Urbanismo, autorizó en diciembre de 2003 a los vecinos del Pinar de Coig a acometer unas obras para instalar la red eléctrica en dicha zona protegida. Era el 17 de diciembre de ese año cuando dirigió un escrito a Sevillana en el que anulaba una paralización anterior y solicitaba a la eléctrica a que dispusiera «lo necesario» para facilitar la contratación del suministro eléctrico de la zona. Tras la denuncia, paralizó dicha solicitud.