El guardia civil de Jimena queda en libertad con cargos y sigue bajo tratamiento médico

El proceso judicial abierto por la muerte de un joven de 21 años en un carretera de Jimena, como consecuencia de un disparo cometido por un guardia civil, ha entrado esta semana en la fase de toma de declaraciones en el juzgado instructor nº1 de San Roque. La primera decisión adoptada por la jueza encargada del caso ha sido la puesta en libertad con cargos del autor del disparo, que según la defensa continúa muy afectado por lo ocurrido; lo que le ha obligado a seguir bajo tratamiento psicológico.

Al agente del Instituto Armado la jueza le imputa los cargos de homicidio imprudente, aunque desde el punto de vista de la defensa el dictamen judicial de no someterlo a ninguna medida preventiva como el ingreso en prisión incondicional o eludible bajo fianza demuestra que el relato de los hechos del guardia civil «es creíble y no existió ninguna intencionalidad en su acción», señalaba ayer a este medio el letrado Antonio Barba, quien representa también al funcionario en las diligencias, de carácter interno, que ha abierto la Benemérita.

Misma declaración

El acusado, de 32 años, casado y con hijos, declaró ante la jueza que se encontraba verificando el estado de su arma reglamentaria ante la posibilidad de que tuviera que utilizarla, y que fue en ese momento cuando la pistola se le disparó. El guardia civil se encontraba en labores de apostadero, en compañía de efectivos de la Policía Judicial de La Línea, con los que trabajaba en una investigación sobre narcotráfico. Los agentes estaban escondidos en las inmediaciones de la carretera A-405 cuando circulaba la furgoneta donde viajaba la víctima, Miguel Clavijo.

En los próximos días la jueza oirá el testimonio de los testigos -las dos personas que acompañaban a Miguel en la furgoneta y compañeros del agente-. La defensa confía que los otros ocupantes del vehículo se ratifiquen en sus primeras declaraciones. «Uno de los que estaban al lado del fallido, en concreto su primo, ya describió que sólo vieron tras el disparo a mi cliente corriendo en su dirección, llorando y pidiendo perdón por lo ocurrido».

Aún quedan por saber las conclusiones a las que ha llegado la investigación interna, que está pendiente de los resultados del informe de balística sobre el arma que manipuló el agente.

A la espera ya de juicio, la defensa comienza a hilvanar su posición en el procedimiento. Antonio Barba espera que su cliente sea condenado, a lo sumo, por una imprudencia leve, tipificada como falta, y no por un delito. En este último caso, el Código Penal reserva penas que van desde uno a cuatro años. En el caso de que la jueza lo sentencie a más de tres años de cárcel, el acusado será expulsado directamente de la Guardia Civil sin derecho a ningún tipo de compensación. Pero la defensa apela a antecedentes similares donde existió la imprudencia y en los que la Justicia no impuso penas máximas «como en el caso de Farruquito». El bailaor fue condenado a 16 meses de cárcel por atropellar a una persona, a la que causó la muerte.

La situación personal del acusado se ha agravado, explicó el letrado Antonio Barba, porque está recibiendo amenazas «muy desagradables» que le han llevado a abandonar su Estepona natal. El abogado no quiso especificar el origen de dichas amenazas.