PSOE y CiU acuerdan reducir al 1% las retenciones entre autónomos

El PSOE y CiU han acordado una retención del 1% (en lugar del 3% previsto) en las facturas emitidas por determinados empresarios por los bienes y servicios prestados a otros con el fin de evitar facturas falsas.

Esta es una de las enmiendas transaccionales acordadas por los grupos socialista y de CiU en el Congreso relativas al proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que se ha debatido hoy en la Cámara Baja y que fue aprobado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre.

La enmienda recoge una de las demandas de CiU y una de sus principales críticas a la Ley de Prevención, ya que los nacionalistas catalanes consideraban excesiva dicha retención. De hecho, CiU planteó una enmienda para suprimir esta retención o bien reducirla al 0,5%, porcentaje que finalmente se ha quedado en el 1% tras el acuerdo con el PSOE.

Junto con esta enmienda, socialistas y convergentes han pactado nueve enmiendas más a este proyecto de Ley, entre las que destaca la exoneración de responsabilidad de los contribuyentes cuando la referencia catastral -que es obligatorio incluir en la declaración del IRPF- no exista o no pueda ser conocida directamente ni a través de la oficina virtual del Catastro.

La justificación de la enmienda considera más correcta dicha propuesta, dado que la referencia catastral habitualmente se encuentra disponible en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en las certificaciones catastrales, en las escrituras públicas o en la información registral.

En la misma línea, las compañías eléctricas -obligadas también a incluir la referencia catastral en los contratos de suministro-, que tengan problemas para aportar esta información, podrán comunicar a la administración los titulares de los contratos de suministro para que sea la administración tributaria quien les requiera la aportación de la referencia catastral.

PSOE y CiU especifican en la enmienda que con este cambio se intenta dar las "mayores facilidades" y las "menores molestias" tanto a las compañías suministradoras, como a los propios clientes de éstas, mediante un proceso en dos fases: en la primera se asignarán los números de referencia catastral a la mayoría de los inmuebles afectados y, en la segunda, la administración tributaria solicitará a los afectados los números de referencia catastral que falten para comunicarlos a las empresas suministradoras.

Comisión de estudios

Otra enmienda pactada entre ambos grupos pide al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria que articulen las medidas oportunas para asegurar la adecuación de la actividad desarrollada por los funcionarios de los cuerpos técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral, "en un marco de diálogo con las diversas instancias representativas del personal" afectado.

En este sentido, piden elaborar un estudio que desarrolle un plan operativo de recursos humanos, con arreglo a los siguientes criterios: estructura de los puestos de trabajo que permita el desarrollo de la carrera administrativa y la promoción profesional de cada ámbito funcional, adecuación del contenido y características de los puestos de trabajo a las condiciones de su desempeño (complejidad, preparación técnica exigida y responsabilidad) y adecuación de los planes de formación y del contenido de los procesos de formación interna.

Con esta enmienda transaccionada entre PSOE y CiU se intenta dar respuesta a la huelga indefinida convocada por el sindicato Gestha, que aglutina al cuerpo técnico de la administración tributaria, por la negativa del Ministerio de Hacienda a crear un grupo de categoría superior para englobar a este colectivo. Además, desde Gestha se denuncian también las "presiones" de los inspectores de Hacienda para crear dicho cuerpo.