Tres estatutos y dos consensos

EL presidente del Gobierno se lo pidió al líder de la oposición desde la tribuna del Congreso de los Diputados: «Espero que desempatemos con el Estatuto de Andalucía». Rodríguez Zapatero, durante el debate de toma en consideración de la reforma andaluza, se refería a que PSOE y PP habían votado juntos el Estatuto valenciano y por separado el catalán. El gobernante pedía a los populares que apoyasen el texto aprobado en el Parlamento andaluz, pero no hubo acuerdo.

El comentado empate se rompió la semana pasada, pero en tierras baleares. El Ejecutivo del popular Jaume Matas logró consensuar la propuesta estatutaria con el líder de la oposición, en este caso, el socialista Francesc Antich. Este entendimiento no ha pasado inadvertido en Andalucía. ¿Por qué en Valencia y en Baleares sí se ha logrado el consenso y en Andalucía no?

La cuestión tiene dos respuestas. Para el PSOE, este hecho deja claro que el partido de Javier Arenas tiene orden directa del PP de Madrid de no oponerse a la norma básica andaluza. Los populares, por su parte, responsabilizan al presidente Manuel Chaves de ser incapaz de propiciar este pacto.

Un primer análisis de las dos propuestas de reforma -ambas serán analizadas por la Comisión Constitucional del Congreso- constata diferencias de criterio de socialistas y populares, según en el territorio donde lo expongan. El PP de Andalucía critica que el articulado andaluz no incluya, en su definición, una alusión directa a la indivisibilidad de la nación española, pero el PP balear no ha considerado necesario introducirla en su Estatuto.

Uno de los caballos de batalla de los populares andaluces ha sido la inclusión en el texto de un artículo que delimitara el número de mandatos del presidente autonómico y que se especificara que las elecciones autonómicas se convocarían por separado. Estas postillas no existen en el balear.

Cláusula

Los socialistas, por su parte, han rechazado la petición del equipo de Javier Arenas de incluir la denominada 'cláusula Camps' -el presidente de la Comunidad Valencia na fue el primero en utilizarla- que garantiza que si alguna otra comunidad autónoma logra un mayor nivel competencial, se podría reclamar de forma automática. Si los socialistas andaluces han considerado innecesaria tal medida, sus compañeros isleños la consideran positiva.

El PSOE balear sí ha apostado por cuantificar la deuda histórica que reclama aquella autonomía (3.000 millones de euros) y fijar un plazo de diez años para que el Estado se la abone a la comunidad autónoma. Una postura que nunca ha defendido en Andalucía, donde se aboga por dirimir esta cuestión en el seno de la Comisión Mixta Junta-Gobierno central.

Las dudas expresadas por los populares sobre la constitucionalidad de la aspiración de crear una Agencia Tributaria de Andalucía y el Consejo Andaluz de Justicia no la tienen sus compañeros de Baleares. Al contrario, el PP ha sido el que ha impulsado la inclusión de estos dos organismos en su Estatuto. El debate balear ha sido igualmente intenso, con polémica y cruces de acusaciones entre los representantes de los dos partidos mayoritarios pero al final, y cediendo en sus posicionamientos más controvertidos, han logrado el consenso y una mayor representatividad, que a finales de año deberán renovar en el Congreso de los Diputados.

Inmigración

No obstante, la dirección nacional del PP tuvo que intervenir, incluso, ante la pretensión de Matas de promover un sistema de inversión del Estado con un baremo muy similar al catalán. Un hecho que, tras la campaña anti-Estatuto catalán impulsada por el PP, hubiera sido difícil de entender.

Los populares de Baleares, por su parte, cedieron a última hora y aceptaron las enmiendas socialistas relacionadas con competencias en inmigración -otra cuestión muy contestada en Andalucía- y diversas medidas para realizar un mayor control parlamentario al presidente.

Como anécdota, la controvertida inclusión del flamenco en el articulado andaluz -censurada por los socialistas extremeños- tiene un apartado similar en el balear, aunque en este caso con la artesanía. Los isleños no se arrogan las competencias universales en artesanía pero, como los andaluces con el flamenco, sí quieren ser quienes controlen su difusión y promoción en su territorio.