Editorial

Contra el crimen organizado

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La puesta en marcha del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), con sede en Chiclana, es la respuesta adecuada a las constantes señales que alertan de la presencia cada vez mayor de grupos mafiosos relacionados con el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el robo de vehículos de lujo en la provincia de Cádiz. Se trata de un equipo de treinta agentes altamente especializados, que trabaja en dependencia directa de la Comisaría General de Policía Judicial y que está dotado con avanzados equipos informáticos y de investigación y vigilancia.

La presión policial y judicial en la Costa del Sol, que cuenta desde hace dos años con uno de estos grupos de élite, ha desplazado hacia nuestras ciudades a muchas bandas organizadas en busca de vías de entrada de droga y de inversiones millonarias con las que blanquear sus beneficios. Producto directo de su existencia ha sido la caída de la red conocida como «Ballena Blanca». La presentación del GRECO por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una buena noticia que permite mirar al futuro con la sensación de que, con el ejemplo de la Costa del Sol, es posible poner coto a la proliferación de estas bandas y sus actividades mafiosas.

Sin embargo, para conseguir estos objetivos es preciso que se dote de medios necesarios tanto al resto de cuerpos policiales como a los fiscales antidroga y anticorrupción, cuya labor se puede ver obstaculizada por la falta de recursos humanos con los que llevar a cabo estas complejas investigaciones.

No se puede olvidar que estas redes mafiosas suelen tener más medios económicos, tecnológicos y humanos que la propia Policía, por lo que es exigible alcanzar unos mínimos que eviten la frustración de los profesionales que día a día se deben enfrentar a grupos altamente preparados para delinquir. Habrá que estar expectantes para comprobar que las medidas anunciadas por el ministro Rubalcaba reciben la inversión y el impulso necesario para que no queden en una declaración de intenciones.

Hay que tomar medidas urgentes para evitar el desfase de medios entre los diversos escalones de la Justicia. De hecho, con los efectivos actualmente existentes, la Audiencia gaditana no sería capaz de digerir un sumario como el de «Ballena Blanca». La fiscalía especializada antidroga, anunciada el pasado octubre, no ha visto incrementarse su plantilla de acuerdo con las ambiciones para la que se había creado. Además, la saturación de causas en los juzgados impide la necesaria diligencia en los procesos. Es por lo tanto conveniente adoptar una mirada de conjunto que implique medidas globales para que el círculo se complete de manera adecuada.

Hasta ahora el Ministerio del Interior ha dado muestras de su compromiso en la lucha contra la delincuencia en Cádiz, pero no por ello se debe de dejar de reclamar los instrumentos necesarios para que la corrupción no marque el desarrollo urbanístico y económico de la provincia en los próximos años.