La formación ilegalizada responsabiliza al Gobierno de la estrategia «represiva»

Batasuna recuperó ayer el tono más duro contra el Gobierno tras la decisión del juez Marlaska de prohibir la manifestación inicial convocada en Pamplona. Por la mañana, Joseba Permach culpó directamente al Ejecutivo de Zapatero de la suspensión de la marcha y volvió a advertirle de que resulta «incompatible apostar por la paz» y por reunirse con la formación ilegalizada mientras persiste, a su juicio, una estrategia «represiva».

Permach lo dejó meridianamente claro. Con «independencia» de quien adoptara la decisión de impedir la manifestación, son el Gobierno y el PSOE sus «máximos responsables», porque ellos dirigen ahora el Estado español que «está manteniendo esas agresiones contra la izquierda 'abertzale' y Batasuna». A partir de esa premisa, el portavoz radical instó al Ejecutivo a tomar medidas «cuanto antes» para que cesen «los ataques represivos y judiciales de las últimas semanas», poder promover una mesa destinada a «la resolución del conflicto» y favorecer el paso «del diálogo político a la negociación».

Permach incidió en la incompatibilidad de «hablar de paz» y «seguir manteniendo estrategias de guerra» e intentar «evitar la actividad política de Batasuna». El dirigente dijo ignorar los recursos que hayan podido interponerse tras la decisión de Grande-Marlaska, al tiempo que subrayó que los convocantes eran «40 agentes sindicales y políticos» y que ni siquiera saben qué abogados están encargados de ello.