La paz no admite bromas

La delicadísima tramitación del llamado proceso de paz, o del fin de ETA, estaría a punto de iniciarse. El presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado que los contactos entre representantes del Gobierno y jefes de la banda comenzarán este verano, una vez recibida autorización del Congreso, lo que ya se sabía. Pero mientras el Congreso garantiza de antemano esa autorización, el PP la niega o, al menos, la somete a una serie de condiciones extrañas. Y lo extraño de esas condiciones no es que sean inasumibles sino, al contrario, que formen parte de los principios a los que no va a renunciar el Gobierno: rechazo a todo pago político a ETA, diálogo en el marco de la Constitución y funcionamiento constante del Estado de Derecho, como demostrarían las capturas de etarras en Francia o el juicio en Madrid a una pareja de etarras más que supuestamente asesinos y meridianamente desvergonzados.

El dirigente popular Zaplana considera que el deseo confesado por Rodríguez Zapatero de reanudar el entendimiento con el PP sobre el proceso de paz es un globo sonda «a ver cómo se reacciona» y «luego a ver yo qué hago». Pero ofrece todo al apoyo del PP al presidente del Gobierno «para acabar con los terroristas, no para negociar con ellos». Y matiza por enésima vez: apoyo siempre que sea en el ámbito del Estado de Derecho y «se respeten los límites marcados por Rajoy». El lápiz rojo de Rajoy habría dibujado las rayas que el Gobierno no debe traspasar: no a la negociación política y sí al respeto a la víctimas. Pero esas rayas ya se habrían traspasado, según reiteraba ayer Zaplana, reiterando lo reiteradamente dicho por Acebes, Rajoy y personalidades populares de menor predicamento.

No es broma: Zapatero habría traspasado las líneas rojas del PP al haber autorizado una conversación de los socialistas vascos con Batasuna para convencer a la ilegalizada coalición abertzale, o intentarlo, de que legalizada estaría mejor al poder sentarse a la mesa en torno a la cual se hablará/negociará el futuro de Euskadi. A esa charla entre un partido de estricto carácter legal y los dirigentes de una organización repudiada por la ley, hasta el punto de verse privada como fuerza política de derechos políticos y civiles, la eleva el PP a estampilla de legalización y, con mayor onda expansiva, considera que equivale a darle categoría política a la negociación con ETA. Luego, no hay consenso, hay ruptura de relaciones entre PP y Gobierno, y el Gobierno tiene que rectificar, enviando a los socialistas vascos la orden de suspender todo contacto, diálogo o simple charla con Batasuna.

Se trata ahora no ya de buscarle un camino al fin de la violencia etarra sino de aprovechar el camino abierto, en apariencia o en realidad, por un alto el fuego permanente de la banda y sus tres años sin causar víctimas mortales. Hay antecedentes nada lejanos de contactos del anterior Gobierno español con ETA, de la aproximación de más de un centenar de presos etarras a cárceles de Euskadi, o próximas, y de otras medidas que Zapatero confiesa ahora que «no acaba de comprender».

Pero si no es momento de sembrar chinchetas en el camino de la paz, tampoco lo es de hacer comparaciones entre la situación esperanzadamente abierta ahora a una posible paz y unos antecedentes de gestión política que parecen cancelados por quienes entonces se responsabilizaron de ellos. Es ahora el momento de no hacer filigranas de lógica bizantina para culpar al Gobierno de haber pagado ya a ETA un precio político, por el simple hecho de que el socialista vasco Patxi López y el batasuno Arnaldo Otegi se tomen unos vinos para hablar de las ventajas de vivir en estado de legalidad.