Un recurso al TC impide el pago de la indemnización a la madre de Iván y Sara
El letrado califica de «argucias de mala fe» el retraso y arremete contra la Junta y el juez de familia
Actualizado:El abogado de Carmen Fernández, la madre que debe cobrar 1,7 millones de euros por la retirada irregular de sus hijos Iván y Sara, denunció ayer un «abuso de Derecho» y las «argucias preñadas de mala fe procesal» que, a su juicio, lleva a cabo la Junta de Andalucía para diferir el cobro. En rueda de prensa, el letrado Gabriel Velamazán explicó que la Junta depositó los 1,7 millones de euros en el juzgado de Familia el pasado 30 de enero, pero el 12 de mayo presentó un nuevo escrito para precisar que no se trata de un pago, sino de una consignación, a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, ante el que ha presentado recurso de amparo. Velamazán culpó al juez de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, de haber «ideado este incidente» procesal para evitar que la indemnización llegue inmediatamente a Carmen Fernández, según sentencia de la Audiencia de Sevilla, por la retirada irregular de sus hijos, de los que lleva diez años separada.
Quejas de la madre
En la misma rueda de prensa, Carmen Fernández aseguró que los 1,7 millones de euros «son migas de pan porque no hay dinero que pueda pagar a una madre haberse quedado sin sus hijos», pero añadió que «esas migas son mías y voy a luchar por ellas». Carmen pidió a la Junta que «deje de reírse de nosotros» después del «daño irreversible que me han hecho a mí y a mi familia».
La consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, recordó que la Junta había depositado el dinero en el juzgado y reiteró que en estos momentos «tiene que ser la justicia la que decida si el pago se hace efectivo o no». «No podemos hacer ninguna otra cosa, no depende de nosotros», explicó.
Serrano mostró su enfado con el abogado al que acusó de montar juicios paralelos en función de sus intereses. El juez de familia justificó la decisión de suspender el pago. No es una cuestión de oficio, sino conforme a una petición de una parte del procedimiento, que en este caso es la Junta, y también apoyado por el ministerio fiscal», adujo el juez.