Fuenteovejuna y el Gobierno vasco

El Comendador de Fuenteovejuna ejercía un poder omnímodo sobre el pueblo. Un día, los aldeanos, enardecidos, se amotinaron, ajusticiaron al tirano y clavaron su cabeza en una pica como estandarte de la recuperada libertad. El gran maestro de la Orden de Calatrava pidió castigo para los culpables. Los soberanos nombraron a un juez para investigar el caso. Los 300 habitantes fueron interrogados y torturados para averiguar quién había sido el responsable. Es entonces cuando Lope de Vega pone en boca del inquisidor, la famosa pregunta: «¿Quién mató al comendador?» Puestos de acuerdo, todos respondieron: «¿Fuenteovejuna, señor!»

El Gobierno vasco decidió ayer autoinculparse de la reunión que mantuvo Ibarretxe con miembros de Batasuna: pretende actuar como el pueblo de Fuenteovejuna. Pero cuando, aquel suceso llegó a los oídos reales, los soberanos decidieron absolver a sus habitantes ya que hasta entonces el temor les había impedido actuar. La justicia individual dejó paso a la justicia colectiva y eso permitió al pueblo recuperar su perdida dignidad. En el País Vasco no hay Fuenteovejuna que valga. Porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia que admitió a trámite la querella criminal del Foro de Ermua contra el lehendakari por los delitos de desobediencia de sentencias del Tribunal Supremo y por quiebra de la medida cautelar de la suspensión de actividades de Batasuna de la Audiencia Nacional no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales del presidente vasco en el ejercicio de sus funciones públicas. Ni la libertad de expresión o el derecho de reunión que corresponden a la persona ni la inmunidad o la inviolabilidad inherentes al cargo. Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y quienes ostentan ese poder tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales. La indignidad no puede quedar impune.