Otro talante

Ya podemos deducir de la exposición sobre el futuro urbanismo de Cádiz que, para sus grandes proyectos, el Ayuntamiento necesita siempre de los demás. Necesita que Defensa le ceda los jardines del Hidrográfico, el Castillo de Puntales o los alrededores del Baluarte de Cortadura; necesita que Medio Ambiente no ponga pegas al uso racional del parque natural; necesita que, en la Caleta, Cultura no se oponga a cerrar con una cúpula un bien cultural histórico; necesita que Obras Públicas acepte las torres en altura; necesita que la Junta construya la Ciudad de la Justicia y el nuevo hospital; necesita que la Zona Franca remodele su polígono exterior; necesita que Costas apruebe sus actuaciones en el litoral y necesita que la Autoridad Portuaria le ceda suelo para varios proyectos. Tanta necesidad de los demás requiere un fuerte talante negociador. Y difícilmente se pueden conseguir resultados en una negociación si se empieza atacando al interlocutor. Las declaraciones de la alcaldesa ante las que han sido las primeras reacciones críticas a sus propuestas han sido desalentadoras. Nadie que participe con su opinión en este debate merece ser acusado, con soberbia, de «querer parar el progreso de Cádiz», porque nadie posee la patente de ese progreso y son los ciudadanos quienes eligen, cada vez, como quieren que se concrete su progreso. Y para ello, tanta legitimidad tienen quienes son elegidos directamente como los cargos de elección indirecta. O eso dice la Constitución. Para empezar a negociar hay que aparcar los guiños al electorado (cada cosa a su tiempo) y revestirse de talante institucional.

No parece serio que al día siguiente de presentar sus viviendas para jóvenes, (una Costa Mosquitos con palafitos dentro de charcas, o Venecia para los adictos), se cambie el proyecto por naves industriales, sin ocultar su intención de «reto a los socialistas». Poco consistente le debía parecer el proyecto, o bien ilegal, si dura tan poco. Esperemos que el PGOU, cuando se presente, esté más meditado. La legislación de Costas prohíbe expresamente edificios de viviendas en terrenos ganados al mar; sólo el Consejo de Ministros podría autorizar determinadas instalaciones que, entre otros requisitos, vengan justificadas por razones económicas y sean convenientes en esa ubicación. Condiciones que no cumplen las viviendas para jóvenes, siendo una necesidad, pero quizás sí las nuevas industrias. ¿Es ético incluir en la confrontación política crear expectativas imposibles para una necesidad tan vital como la vivienda? Se plantean propuestas que la ley prohíbe para culpar de eso al adversario, aunque uno mismo haya mantenido esa ley ocho años.

También se choca con la Autoridad Portuaria, a quien no ha gustado que se inmiscuyan en zonas de su competencia. Hay que aclarar este asunto. La ley de Puertos dice que los planes generales «no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación» en la explotación portuaria. La Autoridad Portuaria está en su deber de denunciar lo que, de estas nuevas propuestas, considere que perturba el funcionamiento del puerto. La planificación se hace con un Plan Especial que formula la Autoridad Portuaria que es, luego, tramitado y aprobado por el Ayuntamiento y la Junta. La iniciativa es pues, claramente, de la Autoridad Portuaria, aunque luego participe, con posibilidad de modificarlo incluso, el Ayuntamiento. En caso de no llegarse a un acuerdo, decide el gobierno nacional. Con acuerdo se aprobó en noviembre de 2004 el correspondiente Plan Especial del Puerto de la Bahía en Cádiz. Sorprende que, en tan poco tiempo, se contradigan con esa planificación algunas de las nuevas propuestas. Nada se dijo entonces de incorporar a la ciudad el Muelle Ciudad, salvo su especialización en cruceros. Nada se dijo tampoco allí de ensanchar Pery Junquera, sino sólo de darle continuidad hasta la avenida del Descubrimiento, manteniéndose los contenedores en tanto se trasladan a la Cabezuela. Del crecimiento del puerto, ya nuestra primera industria, se beneficia la ciudad. Hay que dejar de presentarlo como algo que limita el propio crecimiento de la ciudad. Cualquier proyecto pasa por la negociación, en la que el Ayuntamiento no tiene la última palabra. En esas, lo más sensato para la ciudad es apartar el enfrentamiento. Otro talante, señora alcaldesa.