Ex empleados de CONPURSA y sus familiares vuelven a protestar ante la sede de UGT

Ex empleados de Construcciones Públicas y Urbanas SA (Conpursa) y sus familiares se han vuelto a concentrar esta mañana durante cinco horas ante la sede de UGT en Cádiz para recordar que nueve ex trabajadores de la citada empresa, "tras cotizar durante 30 años", tienen embargadas sus cuentas y pensiones, una situación sobre la que el Tribunal Supremo (TS) no se pronunciará "hasta dentro de tres o cuatro años".

Según informó a Europa Press Rosa Caballero, la hija de uno de los nueve afectados y su portavoz, la concentración ha transcurrido de forma "pacífica", pero lamentó que el secretario provincial de UGT Cádiz , Pedro Custodio González, "pasó dos veces" ante ellos, pero no les haya antendido.

No obstante, Caballero mostró su satisfacción por la atención recibida por los viandantes, que han pedido información sobre la situación y les han repartido octavillas. Asimismo, anunció una próxima reunión con CGT, que "se ha mostrado interesada en la situación".

Los hechos se remontan a principios del pasado año, cuando el juzgado de primera instancia número uno de Jerez de la Frontera ( Cádiz ) absolvió a UGT y a una letrada, Isabel Gallardo, de la demanda de los nueve antiguos trabajadores de Conpursa que reclamaban 323.469 euros, ya que sostenían que la actuación judicial de la por entonces abogada del sindicato les causó la pérdida de sus indemnizaciones por un despido improcedente.

Los demandantes solicitaban la citada indemnización por la diferencia entre las cantidades reconocidas por los salarios de tramitación e indemnizaciones por extinción de sus contratos de trabajo y las cantidades que por estos dos conceptos fueron percibidas del Fondo de Garantía Salarial.

En el terreno laboral, los hechos objeto de la demanda se remontan a septiembre de 1998, cuando Gallardo solicitó la nulidad de los despidos y la readmisión de los trabajadores, obtenida a través de una sentencia del juzgado de lo social número dos de Jerez, que también indicó el derecho que tenían a percibir los salarios de tramitación desde el momento del despido.

La readmisión no resultó regular, por lo que un nuevo auto de marzo de 1999 obligó a la empresa a readmitir regularmente a los trabajadores, y otro de junio de 2000, a pagar los salarios de tramitación, un proceso que se alargó durante varios años.

Paralelamente a este proceso laboral, también se desarrolló un procedimiento de suspensión de pagos de la empresa, imputando los demandantes de culposa la conducta de la letrada, por supuestamente no defender los intereses económicos de los trabajadores como acreedores de Conpursa.

No obstante, la sentencia del del juzgado de primera instancia número uno de Jerez no dio la razón a la defensa de los ex trabajadores, por lo que presentaron el pasado mes de diciembre un recurso de casación al Tribunal Supremo.

"FATAL" SITUACION, UN "ESCANDALO EN ROTA"

Rosa Caballero explicó a Europa Press que hasta que se pronuncie el TS la situación de los afectados "es fatal", ya que tienen las pensiones "embargadas" y las cuentas corrientes "canceladas" por el cobro de la minuta, que asciende a más de 90.000 euros, por parte de la entonces abogada de UGT por llevar el caso en el que, finalmente, sus clientes no obtuvieron indemnización por despido improcedente.

Así, aseguró que la situación de estos afectados --algunos con dolencias desde lo ocurrido, según su portavoz, quien comentó que su padre tiene una "depresión certificada" que le impide acudir a las protestas-- es un "escándalo" en Rota, ya que son de allí, "y todos los conocen como gente humilde y trabajadora".

Así las cosas, el próximo martes los afectados por esta situación volverán a concentrarse ante las puertas de la sede de UGT en la capital gaditana, aunque en esta ocasión "de forma más ruidosa" para tratar de llamar la atención de los responsables de este sindicato y de los medios de comunicación "para que den traslado a la ciudadanía".