Las torres de la discordia

El 29 de marzo de 2006, la Delegación de Obras Públicas dependiente de la Junta de Andalucía comunicó al Ayuntamiento de San Fernando la necesidad de paralizar la construcción de tres de las siete torres de 16 pisos que estaba previsto levantar en paralelo a la línea de costa de la playa de La Casería de Ossio. La polémica estaba servida. En unas pocas semanas, el enfrentamiento entre la Administración local andalucista y la autonómica socialista se recrudeció hasta llegar a amenazarse mutuamente con posibles demandas en los tribunales de justicia.

Obras Públicas dio al Consistorio isleño tres meses de plazo para que tramitara la paralización de las obras. Unos noventa días de los que ya se han consumido más de la mitad sin que nada haya cambiado en el tradicional barrio de La Casería. «Algo sí que ha cambiado. Las torres están mucho más adelantadas. Parece que desde que se levantó todo el escándalo, los obreros van el doble de rápido que antes. Es como si quisieran terminarlas cuanto antes para que sea más complicado demolerlas», comenta Antonio, un vecino de La Casería, en mitad de una de las muchas improvisadas tertulias que se forman para hablar de las torres en cualquiera de las calles que componen la barriada.

Una situación que fue incluso comentada recientemente el portavoz de los socialistas isleños, Fernando López, quien aprovechó la oportunidad de confirmar la posición de su partido y de la delegación provincial. «Tenían un plazo de tres meses, del que ya han consumido varias semanas. Si siguen construyendo y, además, con mayor celeridad que antes será porque quieren demostrarnos cómo quedan unos edificios de una altura inapropiada en un lugar inapropiado y tocarnos las narices a la gran mayoría de isleños que nos hemos mostrado en contra del proyecto», afirmó López.

La Junta mantiene su intención de llevar el caso a los tribunales ante la imposibilidad de paralizar las obras. La competencia sobre el ordenamiento urbanístico en la zona afectada la tiene el Ayuntamiento, pero Obras Públicas insiste en que eso no justifica que se pueda construir cualquier tipo de edificación. Así, indican que las siete torres de pisos crearán un efecto de «pantalla» sobre la Bahía, el principal motivo por el que se solicita la demolición de las torres ya construidas y la anulación del resto del proyecto.

El equipo de Gobierno municipal del PA, por su parte, sigue insistiendo en la legalidad de las obras y en que la petición del Ejecutivo regional se basa en «mentiras» y es sólo una «persecución política» contra el Partido Andalucista por no apoyar el nuevo Estatuto Andaluz, ya presentado en el Congreso, por lo que sigue retando a la delegación provincial a que lleve el caso a la vía judicial.

De esta forma, lo único cierto de todo el proceso es que mientras los vecinos y la gran mayoría de los isleños siguen pronunciándose en contra de la edificación de las torres éstas siguen creciendo a un ritmo sorprendente rápido, puesto que han pasado de contar con un esqueleto de ocho pisos hace poco más de mes y medio a las trece plantas que ya pueden observarse.