División entre los automovilistas sobre la repercusiones jurídicas

Dos organizaciones y dos posturas contrapuestas. Frente a la idea de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) de que el permiso por puntos ofrece serias dudas jurídicas, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) cree que la nueva norma sólo aportará beneficios.

Las discrepancias están básicamente en el alcance de los recursos a las sanciones. Para el RACC, los puntos van parejos a las sanciones, por lo que hay que recurrir éstas y no los puntos. Argumentan que cuando se apela, no se hace contra una multa, sino contra la infracción en sí denunciada. Y es que los puntos no se descontarán hasta que la decisión sea firme. También están seguros de que los ciudadanos recibirán una notificación en la que, a la vez que se les asegurará la firmeza de la sanción, se les comunicará el saldo de puntos.

En el otro extremo se sitúa la AEA, que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra la ley, argumentando que se separa de la norma europea al asimilar los puntos no a una sanción, sino a un requisito del permiso de conducir. Para esta organización, el primer problema es que no se pueden cambiar los requisitos de los permisos ya expedidos, por lo que se tardaría 10 años en que se pudiera aplicar la norma, a menos que se enfrentara a una cascada de denuncias por alterar las condiciones por las que se han obtenido los permisos hasta ahora. «Si la norma simplemente definiera los puntos como una sanción más, esto no habría ocurrido», aseguran.

Además, para la AEA, se debería poder recurrir los puntos de forma independiente a la sanción, algo que no parece contemplar la ley. Para el RACC el permiso por puntos supone otorgar un «crédito de confianza» inspirado en las reglas de convivencia vial que permite retirar ese crédito si se incumplen esas reglas. El castigo es la pérdida de la licencia.