Una semilla envenenada
Seis años después del nacimiento de una de las operaciones policiales más controvertidas, los principales implicados siguen a la espera de juicio en la Audiencia Nacional
Actualizado:Es difícil, o casi imposible, recordar un registro domiciliario y una incautación de drogas que haya dado tanto de sí: enfrentamientos públicos entre un juez y los fiscales, acusaciones e investigaciones a policías, sentencias contradictorias, unas 160 personas detenidas, decenas de tomos repletos de miles de folios de sumario, y una historia inconclusa que fue bautizada con un nombre que sugiere vida, semilla.
En octubre del año 2000, el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de El Puerto entraba, previa orden judicial, a un chalé de la urbanización de Valdelagrana. Tres hombres y dos mujeres eran encontrados en el interior de la vivienda con poco más de dos kilos de cocaína. Nacía en ese momento el germen de la operación Semilla, que seis años después sigue teniendo buena parte de sus piezas sin enjuiciar y con sus principales implicados a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Una semilla envenenada que generó una instrucción polémica, que a día de hoy ha dejado un mal sabor de boca a la ciudadanía, que comprueba como hay 16 personas, que se les relacionó con el narcotráfico, que están en libertad por errores formales en el procedimiento.
Entre los cinco detenidos en Valdelagrana, la Policía Nacional y el juez instructor del juzgado nº 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, encontraron un filón sorprendente; un arrepentido que no sólo detalló quien eran sus proveedores, sino que señaló a numerosas personas que se dedicaban al narcotráfico en localidades de la Bahía y en Jerez; lo que abrió nuevas investigaciones en ciudades diferentes. La colaboración de este hombre, que pasó a ser testigo protegido, continuó incluso meses después de ser arrestado. Según aparece en algunos folios de las diligencias, explicó al instructor operaciones de compra-venta de droga que supuestamente se habían cometido cuando ya estaba entre rejas. Una lectura a posteriori de este detalle hizo tambalear la credibilidad de este confidente.
Las investigaciones en torno a las decenas de personas que nombraba el arrepentido hizo que las pesquisas prosiguieran, en parte, fuera de los límites de la provincia. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Sevilla siguió los pasos de Manuel R. S., a quien se le considera proveedor de la droga y a sus colaboradores, la mayoría, familiares. A través de las escuchas telefónicas y de los nombres que aportaba el arrepentido, las investigaciones determinaron la existencia de hasta cinco grupos de narcotraficantes asentados en la capital andaluza y en localidades vecinas como Villalba del Alcor (Huelva). Curiosamente la tienda de semillas de uno de los investigados, conocido como El enano del Palmete, fue la que dio la idea para denominar a la operación.
El hilo del que tiró en su día el juez López Marchena comenzaba a desentrañar una madeja cada vez más grande, y las interpretaciones sobre cómo debía instruirse la causa eran ya opuestas. El instructor defendía que todos los implicados guardaban relación entre sí y que formaban parte de una organización única. Por eso, entendía que las diligencias de las distintas averiguaciones debía recaer en su persona y en su juzgado.
La competencia territorial ha sido uno de los aspectos más debatidos y en los que el Tribunal Supremo, en aquellas piezas que ya se han enjuiciado y han sido elevadas a sus instancias, ha desautorizado con mayor contundencia a López Marchena, al que considera que demostró un «carácter manifiestamente voluntarista y ajurídico» en sus resoluciones.
En octubre de 2002, la Audiencia estimó la petición de la Fiscalía de Cádiz de separar la instrucción de determinadas piezas de la principal que se originó en El Puerto. Así se acordó que algunas investigaciones fueran derivadas a los juzgados de las localidades donde se habían producido los registros y las incautaciones de droga (la mayoría de ellas fueron aprehensiones de pequeñas cantidades). El Ministerio Público argumentó que no existía una gran organización. Sólo estimó que existía un grupo organizado y que lo integraban los cinco arrestados en Valdelagrana, su proveedor y los más estrechos colaboradores. En total, diez personas que aún no han sido enjuiciadas por la Audiencia Nacional, que se hizo cargo de estas partes del caso al ser una banda que operaba en territorios donde la competencia la tienen distintas audiencias.
En estos momentos, existen piezas como una de las dos que se desarrollaron en Sanlúcar, que aún están pendiente de calificación fiscal. El volumen que adquirió la instrucción, con decenas de pruebas periciales, pinchazos telefónicos y un sinfín de elementos, la convirtieron en un proceso farragoso, y ha favorecido que seis años después haya personas que aún no se hayan sentado en el banquillo.
Además, las dos sentencias del Supremo que desestiman las escuchas telefónicas practicadas en dos de los procedimientos que se incluyen en la pieza de Cádiz y que han permitido la puesta en libertad de 16 supuestos narcos (12 ya fueron absueltos por la Audiencia y otros cuatro fueron condenados por el mismo órgano judicial pero por una sección diferente) ha generado dudas en la Fiscalía Antidroga sobre cuál debe ser su posicionamiento en algunos de los procesos dentro del caso Semilla. La fiscal Ana Villagómez va a consultar con la Fiscalía General del Estado sobre si debe mantener la acusación o si tiene que solicitar que se archive la causa.