La Fiscalía Antidroga insiste en la necesidad de regular las escuchas telefónicas

La instrucción del caso Semilla, además de ganarse sentencias muy duras del Tribunal Supremo y evidenciar los criterios dispares que hay dentro de un mismo órgano judicial -la Audiencia Provincial-, también ha servido para que se vuelva a replantear la necesidad de fijar criterios unitarios a los que pueda acudir cualquier profesional del derecho para saber si existe o no una vulneración de derechos fundamentales cuando se realiza una intervención telefónica.

La fiscal delegada antidroga en Cádiz, Ana Villagómez, es partidaria de que se especifique claramente cuáles son las condiciones que debe reunir una investigación para que un juez autorice las escuchas. Así lo propuso en la última junta de fiscales celebrada en Cádiz, y a la que acudieron todos los delegados de la Fiscalía central Antidroga. Entre esos requisitos que deberían fijarse están el periodo de tiempo que el teléfono permanece intervenido, la influencia que tiene en el desarrollo de las pesquisas o cuáles son los indicios de delito que tienen las Fuerzas de Seguridad antes del pinchazo.

Fiel defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, Villagómez fue contundente a la hora de valorar la última sentencia relacionada con el caso Semilla, dictada por el Supremo y en la que se ratifica la puesta en libertad de doce implicados que fue determinada a finales de 2004 por la Audiencia Provincial: «Hoy les puede tocar a unos presuntos narcos, pero mañana nos puede tocar a nosotros». De esta manera se refería al ataque que supuso a la intimidad de estas personas cuando se les intervino el teléfono sin que hubiera indicios claros de su participación en hechos delictivos.

Villagómez entendió la sentencia dictada por el Álto Tribunal, pese a que ella recurrió la absolución de los doce acusados. Si bien su recurso tenía como objetivo buscar una unidad de criterio en el Supremo en cuanto a las escuchas telefónicas. Pero una prueba del debate que suscita este asunto y las posturas opuestas que existen, se vio en la junta de miembros del Ministerio Público celebrada en Cádiz. El teniente fiscal de la Fiscalía central, José María Lombardo, respondió en rueda de prensa a una pregunta concreta sobre la idoneidad de establecer criterios, asegurando que no había necesidad de fijar requisitos porque ya los había y que el Supremo conoce bien cuándo se vulneran derechos o cuándo no.