La Junta exige a Delta que explique en diez días cómo vaciará los tanques de la planta

La Consejería de Medio Ambiente intervendrá en el caso de la planta Delta y requerirá a la sociedad propietaria de la instalación, perteneciente al 100% de la empresa pública Izar, que explique en un plazo máximo de diez días cómo eliminará los millones de litros de aguas tóxicas que almacena en sus tanques desde hace un año «para que no haya problemas en las aguas de la Bahía».

La delegada provincial, Isabel Gómez, explicó que la Junta pretende con el escrito «poner sobre aviso» a Delta sobre la vigilancia de sus actividades y conocer la «planificación» que realizará del proceso de evacuación de estos líquidos resultantes de la gestión de residuos procedentes de industrias de toda la provincia, entre ellas Dragados, Delphi o Acerinox.

La responsable provincial aseguró tener constancia de que los depósitos se encuentran al 93% de su capacidad porque «a finales de 2005 dejaron de verter al agua porque no cumplían los parámetros de calidad exigibles para estos residuos y podrían poner en riesgo incluso a la zona de la Bahía», tal y como conoce su propietaria, Delta (Izar), dependiente del Ministerio de Industria.

Esta suspensión de la evacuación al mar y la situación rayana con la ilegalidad sobrevinieron tras el endurecimiento de los límites mínimos impuestos en la Ley 16/2002 para desarrollar estas prácticas. En el caso de que Delta alcance el límite de producción y almacenamiento, la Junta intervendría y, como primera medida, paralizaría la actividad porque se consideraría un «incumplimiento de la autorización como gestores», según explicó la delegada de Medio Ambiente. A continuación, la Administración autonómica abriría un expediente sancionador y arbitraría medidas cautelares «ante la previsión de riesgo, como puede ser este caso», apuntó Gómez.

Respecto a la conveniencia de una industria de estas características en la Bahía, muy próxima al Parque Natural y a humedales y esteros de gran valor ecológico, la responsable provincial argumentó que la instalación «es tan antigua que, en su momento, se crearía porque sería necesaria».

Gómez confirmó que la planta tiene autorización para la gestión de estos desechos peligrosos desde el año 2003, pero deberá imprimir mejoras tecnológicas y de infraestructura para obtener, antes de octubre de 2007, la Autorización Ambiental Integrada (IPPC) preceptiva para estas empresas gestoras de este tipo de elementos. En total, la planta tiene permiso para gestionar 10.320 toneladas de estas residuos, la mayoría hidrocarburos y de tipo oleoso procedente de sentinas de buques (depósitos) y de la manipulación de metales pesados.

En la actualidad, la Inspección de la Delegación Provincial de Medio Ambiente no ha detectado «ningún problema de olores» ni ha registrado denuncias por vertidos, según confirmó Isabel Gómez, que, no obstante, aseguró que «se revisarán los escritos que pudiera haber y se contestarán para cumplir con la información a la que tiene derecho el ciudadano».

Cuatro gestoras en Cádiz

Además, Gómez apuntó que la Consejería realiza controles periódicos con especial hincapié en los cuatro gestores de residuos peligrosos que existen en la provincia: Delta (la más grande), Dramar (Algeciras), Verinsur y Holcim (Jerez). Además, otras 38 empresas, hasta un total de 42, deben adaptarse a la nueva normativa de Prevención y Control Integral de la Contaminación y obtener la denominada Autorización Ambiental Integrada (IPPC) antes de finales de 2007.